La medida, anunciada el 10 de agosto, establece un nuevo marco denominado “Gold Standard Childhood Vaccine Recommendations”, que recomienda que todos los niños reciban inmunizaciones para protegerse contra 11 enfermedades. Otras vacunas que anteriormente eran recomendadas de manera general pasan a una categoría de decisión clínica compartida, permitiendo que padres y profesionales de la salud evalúen conjuntamente las opciones para cada menor.

La Casa Blanca sostiene que el cambio busca ofrecer a las familias mayor información y flexibilidad, incluyendo decisiones relacionadas con el momento y la frecuencia de las vacunas. La orden también promueve que los estados que establecen requisitos de vacunación escolar consideren estas nuevas recomendaciones y respeten las disposiciones relacionadas con la autoridad de los padres, las exenciones religiosas y las excepciones médicas.

Como parte de la nueva política, la administración también recomienda administrar por separado las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), en lugar de combinarlas en una sola aplicación, y plantea que las vacunas se administren en visitas médicas separadas para ofrecer mayor flexibilidad a las familias.

La decisión forma parte de la agenda Make America Healthy Again (MAHA), impulsada por la administración Trump, que busca revisar las políticas de salud infantil y atender las enfermedades crónicas desde un enfoque centrado en la prevención, la investigación y la participación de las familias.

Según la Casa Blanca, la nueva política procura que Estados Unidos acerque sus recomendaciones de vacunación infantil a las prácticas adoptadas por otros países desarrollados, al tiempo que mantiene disponibles las vacunas existentes y enfatiza la importancia de que padres y médicos cuenten con mayor flexibilidad para tomar decisiones informadas.

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La medida, denominada Prioritizing Patient Access to Care Act, concede mayor discreción a los profesionales de la salud para determinar si se debe realizar un aborto después de las 24 semanas de gestación, sin enfrentar las sanciones legales contempladas bajo las restricciones anteriores. La nueva ley entrará en vigor en un plazo de 90 días.

Antes de la aprobación de esta legislación, Massachusetts generalmente prohibía los abortos después de las 24 semanas, salvo determinadas excepciones médicas. Healey sostuvo que la nueva norma busca garantizar que las familias que enfrentan complicaciones médicas durante etapas avanzadas del embarazo puedan recibir atención en el estado, en lugar de tener que viajar a otra jurisdicción.

Durante la firma, la gobernadora defendió la medida y afirmó que las decisiones relacionadas con el aborto deben corresponder a las mujeres, sus familias y sus médicos, y no a los políticos. También aseguró que continuará respaldando el acceso al aborto mientras permanezca en el cargo.

Con la entrada en vigor de la legislación, Massachusetts se suma a un grupo de estados que no establecen un límite gestacional específico en sus leyes de aborto. Según Fox News, será el décimo estado en eliminar este tipo de límite.

La aprobación de la medida se produce en medio del debate nacional sobre el aborto en Estados Unidos, especialmente tras la decisión de la Corte Suprema que revocó Roe v. Wade y devolvió a los estados gran parte de la autoridad para establecer sus propias políticas sobre el procedimiento.

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Colberg calificó como un acto de “profunda hipocresía” la postura del liderato popular sobre las aportaciones políticas y rechazó el discurso impulsado por Hernández respecto a la renovación del partido.

“Yo creo que es un acto de profunda hipocresía del Partido Popular venir con eso ahora. Porque el Partido Popular toda la vida ha cogido dinero en efectivo y aportaciones anónimas. Todos los candidatos, todos los alcaldes, todos los legisladores”, expresó.

Asimismo, cuestionó que se catalogue de corruptos a otros sectores políticos por aceptar donativos permitidos por ley.

“Decir que el Partido Independentista y su liderato son unos corruptos, cuando jamás ha tenido el historial de corrupción que han tenido los partidos principales, incluyendo el Partido Popular, es demagogia pura”, afirmó.

Colberg también criticó la estrategia política de confrontar al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), al señalar que el verdadero adversario electoral del PPD continúa siendo el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Según indicó, excluir a figuras históricas y descalificar a antiguos líderes representa un grave error político.

Critica el trato a exgobernadores del PPD

Durante su intervención, Colberg denunció además el trato que, según dijo, recibieron los exgobernadores Sila María Calderón y Alejandro García Padilla durante la actividad del PPD celebrada el pasado 25 de julio.

“Sentaron a dos exgobernadores del Partido Popular en el piso. No les dieron asiento en la tarima. Eso es una falta de respeto. Respeten la historia del Partido Popular, respeten a las figuras que se echaron el partido al hombro”, manifestó.

Añadió que tanto Calderón como García Padilla trabajaban por la colectividad “cuando ellos estaban en kindergarten”, en referencia a la nueva generación de dirigentes populares.

“Parecen nenes de kindergarten”

En la parte más enérgica de sus expresiones, Colberg acusó al liderato popular de distraerse con disputas internas en lugar de atender los problemas que enfrenta el país.

“En vez de estar hablando del agua y de la luz, están hablando estupideces. Parecen nenes de kindergarten todavía, con estas boberías. Compórtense como adultos que son y dejen de estar mancillando a un liderato que le dedicó decenas de años de servicio al Partido Popular.”

El exlegislador concluyó advirtiendo que una estrategia basada en excluir sectores y figuras históricas de la colectividad conduciría al PPD hacia una nueva derrota electoral y retó al presidente del partido a discutir también el rol de los cabilderos y los recaudos políticos dentro de la organización.

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El beneficio aplica a los ciudadanos estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, quienes recibirán automáticamente el aporte inicial del gobierno al abrir su cuenta.

Además del depósito federal, los padres, familiares, empleadores y organizaciones benéficas podrán realizar aportaciones de hasta $5,000 por año por cada menor. Los fondos se invertirán automáticamente en fondos indexados que siguen el desempeño de las principales empresas de Estados Unidos.

Mientras el menor sea menor de 18 años, la cuenta será administrada por sus padres o tutores legales. Al alcanzar la mayoría de edad, el beneficiario obtendrá el control total de los fondos, que podrán destinarse a objetivos como estudios universitarios, la compra de una primera vivienda o la planificación para la jubilación.

Beneficios de las Trump Accounts

Entre las principales ventajas de esta iniciativa se encuentran:

• Depósito inicial gratuito de $1,000 para los niños elegibles, financiado por el Gobierno federal.
• Fomento del ahorro desde la infancia, permitiendo que el dinero permanezca invertido durante varios años.
• Potencial de crecimiento mediante la inversión, ya que los fondos se colocan en índices que representan a las principales empresas estadounidenses.
• Aportaciones adicionales de la familia y otros patrocinadores, con un límite anual de $5,000 por menor, lo que permite aumentar el capital con el tiempo.
• Flexibilidad para el futuro, ya que el beneficiario podrá utilizar los fondos para metas importantes como estudios universitarios, la compra de una primera vivienda o la jubilación.
• Educación financiera temprana, al introducir a las familias y a los jóvenes en conceptos de ahorro e inversión a largo plazo.

Las autoridades federales informaron que los padres y tutores pueden verificar la elegibilidad del menor, descargar la aplicación oficial y administrar el saldo de la cuenta a través del portal gubernamental de Trump Accounts.

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La medida fue aprobada por una votación de 9 a 5 y entrará en vigor a partir del año escolar 2030-2031, impactando a más de cinco millones de estudiantes del sistema público de enseñanza en Texas.

La lista incluye cerca de 200 textos que abarcan desde relatos bíblicos como Noé y el arca, David y Goliat y Daniel en el foso de los leones, hasta pasajes del Génesis y otros escritos del Nuevo Testamento. También incorpora obras clásicas de la literatura como Great Expectations de Charles Dickens y Pride and Prejudice de Jane Austen.

Los defensores de la iniciativa sostienen que los textos bíblicos forman parte del patrimonio histórico y cultural de Estados Unidos y ayudan a comprender la influencia de la tradición judeocristiana en la literatura y la historia del país.

Sin embargo, organizaciones defensoras de la libertad religiosa, educadores y grupos de derechos civiles han criticado la decisión al considerar que favorece el cristianismo sobre otras creencias y limita la autonomía de los maestros para seleccionar materiales de lectura. También expresaron preocupación por la representación limitada de otras culturas y religiones dentro del currículo obligatorio.

La aprobación de esta lista se suma a otras medidas recientes impulsadas en Texas relacionadas con la presencia de la religión en las escuelas públicas, entre ellas la exhibición obligatoria de los Diez Mandamientos en los salones de clase y la autorización para que los distritos escolares contraten capellanes.

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Durante una entrevista en el programa Por la Derecha de Buenas Nuevas, Santiago Russe respaldó el Proyecto del Senado 1116, medida que busca establecer la responsabilidad económica de ambos progenitores durante el embarazo. Según explicó, la propuesta representa un avance en la protección de las madres y los niños por nacer.

“Reconoce que la responsabilidad parental no empieza cuando nace el bebé, no empieza cuando ya empiezas a ser padre, como dicen ellos, tú empiezas a ser padre y empiezas a ser madre cuando ese bebé se forma, cuando ya desde el primer momento, desde la concepción”,

expresó.

La activista sostuvo que la medida debe ser apoyada independientemente de las posturas ideológicas sobre el aborto, ya que fomenta la responsabilidad y ofrece mecanismos de apoyo a las mujeres durante el embarazo.

Al evaluar el estado actual del movimiento provida, Santiago Russe reconoció que existen divisiones internas, pero aseguró que mantiene esperanza en la capacidad de distintos sectores para trabajar juntos en objetivos comunes.

“Yo todavía tengo esperanza que a pesar de las diferencias entre lo mismo que dije ahorita del incrementalismo versus el abolicionista, ok, dentro de esas diferencias creo y tengo esperanza todavía de que podamos unirnos en los temas más contundentes”, señaló.

La joven líder también destacó que la Generación Z está impulsando una visión más amplia de la defensa de la vida, enfocada en acompañar a las familias y atender las causas sociales que rodean el embarazo y la crianza.

“Ser pro vida es mucho más que eso; ser pro vida es de verdad poder acompañar a esa mamá que está sola antes, durante y después del embarazo”,

afirmó.

Durante la conversación se destacó la importancia de evitar los ataques internos y fortalecer la comunicación entre los diferentes sectores conservadores y provida mediante una mejor comunicación y coordinación. En ese contexto, Ricardo Reyes planteó que “el problema está, que es lo que yo creo que le pasó al sector provida. Es cuando atacamos al otro. Cuando el que no piensa como yo, en vez de simplemente diferir, lo ataco”. Ante esa reflexión, Santiago Russe respondió: “Sí, yo estoy de acuerdo, Ricky”.

Pese a los desafíos, Santiago Russe aseguró que mantiene una visión optimista sobre el futuro del movimiento y el papel que desempeñarán los jóvenes en la construcción de puentes entre distintos sectores.

“Tengo esperanza, de verdad. Llámame loca, pero tengo esperanza”, concluyó.

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El Proyecto del Senado 1222, radicado el 5 de mayo de 2026 por la senadora Nitza Moran Trinidad por petición, busca enmendar dos artículos de la Ley 255-2002 para reemplazar la expresión por conceptos como “persona prudente y diligente” o “persona responsable”.

Según la exposición de motivos, la medida responde a preocupaciones sobre el uso de lenguaje considerado sexista en la legislación puertorriqueña y persigue promover una redacción más acorde con los principios de igualdad e inclusión.

“La expresión ‘buen padre de familia’ ha sido objeto de crítica por su sesgo sexista y por perpetuar estereotipos de género”, establece el documento legislativo.

Leer medida: Proyecto del Senado 1222

Los proponentes argumentan que el término “padre” invisibiliza a las mujeres y otras figuras de cuidado, además de no reflejar la diversidad de estructuras familiares existentes en la sociedad actual, incluyendo madres solteras, abuelos cuidadores y otros modelos familiares.

Asimismo, sostienen que la legislación debe utilizar un lenguaje que reconozca la capacidad de cualquier persona de actuar con responsabilidad y diligencia, independientemente de su género.

No cambia las responsabilidades legales

La medida no altera las obligaciones fiduciarias ni los deberes que actualmente tienen los miembros de las juntas directivas y cuerpos gerenciales de las cooperativas.

Los directivos continuarían obligados a actuar con prudencia, lealtad y responsabilidad en la administración de los bienes y operaciones de las instituciones. El cambio propuesto se limita a la terminología utilizada para describir ese estándar de conducta.

De aprobarse, los artículos enmendados establecerían que los directivos deberán actuar como lo haría “una persona prudente y diligente o persona responsable”, en lugar de la referencia tradicional al “buen padre de familia”.

Debate sobre lenguaje y tradición jurídica

La frase “buen padre de familia” ha sido utilizada históricamente en diversos sistemas jurídicos de tradición civilista para describir el nivel de cuidado y diligencia esperado de una persona responsable al administrar bienes o tomar decisiones.

Sin embargo, durante los últimos años distintas jurisdicciones han optado por reemplazar esa terminología por expresiones neutrales que eviten referencias de género.

La medida fue evaluada y aprobada por la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, y posteriormente recibió el aval del Senado de Puerto Rico. Ahora pasará a la Cámara de Representantes, donde deberá ser considerada y aprobada antes de continuar el proceso legislativo.

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La propuesta enmienda el Código Civil de Puerto Rico y varias leyes especiales para establecer que toda persona adquirirá plena capacidad civil al cumplir los 18 años, en lugar de los 21 años como dispone actualmente la ley.

Según la exposición de motivos, el proyecto busca corregir lo que considera una contradicción jurídica, ya que las personas de 18 años pueden votar, trabajar, responder penalmente como adultos y servir en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero continúan siendo consideradas menores de edad para múltiples asuntos civiles y contractuales.

La medida sostiene que Puerto Rico es una de las pocas jurisdicciones estadounidenses que todavía mantiene la mayoría de edad en 21 años. El proyecto destaca que 47 estados y el Distrito de Columbia reconocen la mayoría de edad a los 18 años.

Entre los principales cambios propuestos figura otorgar plena capacidad legal a los jóvenes de 18 años para realizar actos civiles, administrar bienes, contratar, emprender negocios y ejercer actividades comerciales sin las restricciones que actualmente aplican hasta los 21 años.

Leer Medida: https://sutra.oslpr.org/medidas/161173

La legislación también elimina requisitos de consentimiento parental para personas entre 18 y 20 años en diversos procesos civiles, incluyendo disposiciones relacionadas con el matrimonio. Asimismo, redefine como adultos a las personas mayores de 18 años para efectos de tutela y otras leyes especiales.

En materia comercial, la medida permitiría que las personas de 18 años ejerzan actividades comerciales con plena capacidad legal. También modifica disposiciones relacionadas con adopciones, testamentos, servicios para personas con impedimentos y la Carta de Derechos del Niño, reduciendo de 21 a 18 años el límite de edad aplicable en varios de esos estatutos.

No obstante, el proyecto incluye una cláusula transitoria para proteger derechos adquiridos por personas que actualmente tienen entre 18 y 20 años. Entre esas salvaguardas se dispone que quienes ya reciben pensiones alimentarias continuarán recibiéndolas hasta los 21 años o hasta que proceda su modificación conforme a la legislación vigente al momento de su concesión.

Además, la medida aclara que el cambio no afectará los procedimientos del Tribunal de Menores ni la jurisdicción del sistema de justicia juvenil.

De ser aprobado, el proyecto entraría en vigor 120 días después de su firma. A partir de entonces, toda persona que haya cumplido 18 años sería considerada mayor de edad para todos los fines legales civiles y administrativos en Puerto Rico.

Datos puntuales de la propuesta:

• Baja la mayoría de edad de 21 a 18 años.
• Concede plena capacidad civil a partir de los 18 años.
• Permite ejercer el comercio con capacidad legal desde los 18 años.
• Elimina disposiciones que requerían consentimiento de padres o tutores para ciertos actos civiles entre los 18 y 21 años.
• Mantiene las pensiones alimentarias existentes para jóvenes de 18 a 20 años hasta los 21 años bajo una cláusula transitoria.
• Mantiene intacta la jurisdicción del Tribunal de Menores.

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El senador Juan Oscar Morales Rodríguez, presidente de la Comisión de Salud, y la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve, presentaron la Resolución del Senado 536 que ordena investigar si el Departamento de Salud de Puerto Rico cumplió con su deber ministerial de supervisar los Centros de Terminación de Embarazos en la Isla. La investigación se ordena tras los hallazgos contenidos en las auditorías realizadas.

El reglamento que rige las clínicas de aborto obliga al Departamento de Salud a llevar a cabo auditorias que incluyan: inspección, informe de deficiencias, plan de corrección, hasta tres visitas de seguimiento y, de persistir las fallas, multas o suspensión de la licencia. Sin embargo, los documentos que el propio Departamento entregó al Senado revelan el incumplimiento con este ciclo de supervisión; lo que incluye hallazgos de deficiencias serias por partes de las clínicas sin consecuencia alguna.   

“Lo que pedimos es claro: que se fiscalice al fiscalizador. Se trata de exigirle al Departamento de Salud que haga el trabajo que la ley le ordena. Las propias auditorías de la agencia documentan hallazgos gravísimos —desde una mujer que casi se desangra hasta expedientes de menores destruidos— y, aun así, no hubo seguimiento ni consecuencia”, expresó la senadora Rodríguez Veve.

Algunos de los hallazgos que motivan esta investigación:

• Un médico operando con el seguro de impericia vencido. En una inspección de 2022, el seguro de impericia profesional del médico llevaba cerca de tres años vencido. (Womens’s Medical Pavillion-Carolina)
• Una paciente con hemorragia de 750 ml y un expediente que “no se puede validar”. Una mujer de 26 años sufrió un sangrado profuso de 750 mililitros durante un procedimiento y tuvo que ser trasladada a Centro Médico. La propia inspectora consignó que el expediente carecía de la orden médica, del consentimiento de la paciente para el traslado y de los datos de la ambulancia, lo que no permitió validar lo ocurrido con la paciente. (Clínica Centro de Planificación Familiar-Bayamón)
• Contaminación cruzada. Los inspectores documentaron material limpio mezclado con material sucio y, en una clínica, declararon una “situación de peligro inmediato” porque no existía separación física entre el área sucia y el área estéril. (Clínica Centro de Planificación Familiar-Bayamón; Womens’s Medical Pavillion-Carolina)
• Expedientes de menores triturados. 94 cajas de expedientes clínicos fueron triturados sin separar primero los expedientes de pacientes menores de edad, que el reglamento obliga a conservar hasta que la paciente cumpla 22 años. (Womens’s Medical Pavillion-Carolina)
• Expedientes clínicos sin información requerida en ley. Expedientes clínicos donde las notas realizadas por el personal clínico no contienen el título ni el número de licencia del profesional que documenta el servicio. (Darlington Medical Associates-Rio Piedras)
• Expedientes sin credenciales que acrediten el personal médico. La facilidad no mantiene las credenciales vigentes. De tres (3) expedientes médicos evaluados uno (1) no cumple con mantener sus credenciales vigentes. (Clínica IELLA-Rio Piedras)
• Documentación clínica ilegible. 10 de 10 expedientes revisados tenían documentación médica que no era legible. (Womens’s Medical Pavillion-Carolina)
• Deficiencias señaladas que nunca se cerraron. En ninguna de las inspecciones de 2022 a 2026 consta que el Departamento completara las visitas de seguimiento que exige su propio reglamento: las evaluaciones quedan en “pendiente visita de seguimiento” y sin corroboración de cumplimiento con el plan de corrección, por lo tanto, sin un cierre del ciclo de supervisión. 
• Pasan años sin una sola inspección. En los últimos 16 años, las clínicas han sido inspeccionadas en tan solo tres (3) ocasiones cuando el reglamento obliga a inspeccionar cada clínica como requisito de renovación de la licencia, lo que debe hacerse cada dos (2) años.
• Una muestra que no cumple con el estándar estadístico aceptado internacionalmente. Para auditar los expedientes, el Departamento revisó una fracción mínima del universo de casos. Por ejemplo, en un centro examinó apenas 15 de 2,252 expedientes —menos del 1 %—, escogidos “al azar”, sin protocolo escrito y sin definir un nivel de confianza ni un margen de error. Para ese mismo universo, una muestra estadísticamente válida rondaría los 328 expedientes; incluso bajo un estándar más laxo (±10 %) harían falta cerca de 92. Auditar menos del 1 % no permite afirmar que el resto de los expedientes cumple con el reglamento.
• Cero consecuencias. Pese a estas, y otras deficiencias documentadas, el Departamento no impuso multas, suspensiones ni revocaciones de licencia.

Alcance de la investigación

La Resolución ordena a la Comisión de Salud rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones de acción legislativa en un término de 180 días, y la faculta para citar deponentes, requerir documentos, tomar testimonios bajo juramento, celebrar audiencias públicas, realizar inspecciones y referir información a otras agencias cuando proceda.

“Como presidente de la Comisión de Salud, mi responsabilidad es velar por que las agencias cumplan. Aquí el problema no nace de una denuncia externa: nace de los documentos que el propio Departamento de Salud nos entregó. Cuando una agencia documenta deficiencias y no le da seguimiento, falla el sistema completo de protección.”, expresó el senador Morales Rodríguez.

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Durante una entrevista en el programa Pegao’s en la Mañana, por Radio Isla 1320, Jiménez sostuvo que gran parte del liderato de Proyecto Dignidad se ha alejado de la colectividad por diferencias con las nuevas directrices internas.

“…uno no se puede desafiliar de cosas que no existen”

Javier Jiménez

“Muchas veces uno no se puede desafiliar de cosas que no existen”, expresó el exalcalde al ser cuestionado sobre si aún permanece afiliado al partido. Acto seguido añadió que Proyecto Dignidad “puede existir de jure, pero no existe de facto”.

No obstante, Jiménez indicó que oficialmente no se ha desafiliado de la colectividad, aunque reiteró sus críticas hacia el escenario político actual y recordó que abandonó el Partido Nuevo Progresista porque, a su juicio, dejó de ser el partido fundado por Luis A. Ferré y se convirtió “en un negocio”.

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La propuesta legislativa establece que únicamente podrán acogerse adultos residentes de Puerto Rico, con capacidad decisional y diagnosticados con una enfermedad terminal, incurable e irreversible, con una expectativa de vida de seis meses o menos certificada por médicos.

Ver medida: Proyecto del Senado 1273

Según la exposición de motivos, la medida busca reconocer la autonomía personal y la dignidad humana en la etapa final de la vida, mientras establece múltiples salvaguardas para evitar coerción, abuso o decisiones precipitadas. El proyecto aclara que no autoriza la eutanasia activa ni permite que terceros administren directamente medicamentos para causar la muerte.

El procedimiento requeriría dos solicitudes verbales separadas por un periodo mínimo de quince días y una solicitud escrita firmada ante testigos. Además, un médico tratante y un médico consultor tendrían que confirmar el diagnóstico, la prognosis y la capacidad mental del paciente.

La legislación también contempla evaluaciones de salud mental cuando existan dudas sobre depresión severa, coerción o capacidad decisional del paciente. Asimismo, garantiza el derecho de médicos, farmacéuticos e instituciones de salud a acogerse a objeción de conciencia y negarse a participar en el procedimiento.

Otro de los puntos incluidos en la medida establece que las aseguradoras y planes médicos no podrán negar tratamientos ni presionar a pacientes para acogerse al procedimiento. Además, la solicitud o utilización de la ley no sería considerada suicidio para fines civiles, contractuales o de seguros.

El proyecto también propone una enmienda al Artículo 97 del Código Penal de Puerto Rico para excluir de responsabilidad penal a profesionales de la salud que actúen de buena fe y conforme a la ley.

De aprobarse, el Departamento de Salud tendría 180 días para adoptar la reglamentación necesaria antes de que pueda implementarse el procedimiento.

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