“¿Deben los pastores involucrarse en el proceso político? Absolutamente sí”, expresó Rice. Según explicó, asuntos como el aborto, la definición del matrimonio, la identidad de género y la inmigración tienen profundas implicaciones teológicas y morales. A su juicio, los pastores tienen la responsabilidad de explicar a sus congregaciones no solo cómo considerar estos temas, sino también por qué son importantes desde una perspectiva bíblica.

Rice sostuvo que, a lo largo de la historia de Estados Unidos, los pastores han tenido una voz influyente en momentos políticos importantes. También señaló que, durante años, algunos evangélicos conservadores fueron exhortados a mantenerse al margen de asuntos controversiales, ya fuera por presión externa o por líderes cristianos que consideraban necesario separar la misión de la Iglesia de la política. Sin embargo, aseguró que esa postura dejó un “vacío” en el debate público que, en años recientes, algunos líderes cristianos han comenzado a llenar nuevamente.

Sobre el aborto, Rice lo describió como una cuestión directamente vinculada con la santidad de la vida humana. “Lo que significa ser un ser humano y si la vida humana es sagrada, creada a imagen de Dios, es un asunto profundamente teológico”, expresó. Añadió que temas relacionados con el matrimonio, la identidad de género y el movimiento transgénero también se remontan, desde su interpretación cristiana, al relato de la creación en Génesis 1 y 2.

En cuanto a la inmigración, Rice reconoció que el tema enfrenta a los cristianos con distintos valores, entre ellos la compasión hacia los necesitados y el respeto por el estado de derecho. Señaló que es posible ayudar y mostrar amor hacia los inmigrantes y refugiados mientras se reconoce, al mismo tiempo, la responsabilidad de una nación de establecer y hacer cumplir sus leyes migratorias.

La Convención Bautista del Sur es la denominación protestante más grande de Estados Unidos, con más de 12 millones de miembros y más de 45,000 iglesias afiliadas, según destacó Rice durante la entrevista. Sus expresiones se producen a pocas semanas de las elecciones de medio término, en momentos en que asuntos como el aborto, la inmigración, el matrimonio y la identidad de género continúan formando parte central del debate político estadounidense.

Fuente: Fox News. Ver entrevista y artículo en Fox News

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Hernández Rivera expresó recientemente que personalmente no considera el aborto como un asesinato, aunque aseguró que tampoco simpatiza con esa práctica. “Yo no creo que el aborto es un asesinato. Yo personalmente no simpatizo con el aborto, pero sí reconozco y creo que debe ser una decisión dificilísima que tiene que tomar una mujer con su doctor”, sostuvo en entrevista con Metro Puerto Rico.

El líder del PPD también indicó que, bajo su presidencia, impulsará que en asuntos sociales y de derechos no se retroceda sobre derechos ya adquiridos, mientras que ante futuras ampliaciones los integrantes de la colectividad podrían ejercer libertad de conciencia. Sus expresiones han vuelto a poner sobre la mesa las diferencias ideológicas que existen dentro del Partido Popular en asuntos como el aborto.

Populares conservadores reaccionan

Wilfredo Díaz Rosado reaccionó directamente a las palabras del presidente del PPD y sostuvo que los populares de tendencia conservadora no comparten esa visión. “Ante quienes dicen que ‘el aborto no es asesinato’, mi respuesta es clara: toda vida humana merece protección, especialmente la del niño que todavía no puede defenderse. No podemos hablar de ‘elección’ ignorando la vida que está en juego”, expresó.

“Los Populares de derecha y conservadores decimos NO AL ASESINATO DEL ABORTO en Puerto Rico.”

Wilfredo Díaz Rosado

Díaz Rosado vinculó su postura directamente con sus convicciones cristianas y añadió: “Para quienes creemos en el Todopoderoso, cada niño tiene un valor sagrado y ocupa un lugar especial ante el Padre. Defender la vida del más indefenso no es política: es una convicción moral y de fe”. Además, afirmó que “los populares de derecha y conservadores decimos NO AL ASESINATO DEL ABORTO en Puerto Rico”.

Por su parte, Héctor L. Maysonet Prado expresó que considera el aborto “la terminación intencional de una vida humana” y que, desde su perspectiva moral y religiosa, lo considera un asesinato. “Como cristiano y creyente, entiendo que tenemos la responsabilidad de proteger la vida, especialmente aquella que todavía no tiene la capacidad de hablar o defenderse por sí misma”, manifestó.

“Como cristiano y creyente, entiendo que tenemos la responsabilidad de proteger la vida, especialmente aquella que todavía no tiene la capacidad de hablar o defenderse por sí misma.”

Héctor L. Maysonet Prado

Maysonet Prado sostuvo además que no considera que el aborto deba reconocerse “como un derecho sin límites” y destacó valores como la familia, la responsabilidad, la compasión y la protección de la dignidad humana.

Mientras, Jessiel Cordero, identificado como prospecto joven popular y republicano, reafirmó que para él “el derecho a la vida y la familia son principios innegociables para nuestra sociedad”. Cordero cuestionó que estrategias políticas o tendencias ideológicas puedan desplazar los valores religiosos y conservadores que, según sostuvo, forman parte de un sector de la base popular.

“El aborto sí es la culminación de una vida inocente.”

Jessiel Cordero

“Mi postura es una sola, clara y sin titubeo: el aborto sí es la culminación de una vida inocente. Estoy y estaré siempre con Dios, con la vida y las futuras generaciones de nuestra tierra”, expresó Cordero.

Pastor Ariel Tirado llama al diálogo dentro del PPD

Por otro lado, el pastor Ariel Tirado, presidente nacional de Base de Fe del PPD, reaccionó desde una perspectiva distinta, destacando que los sectores de fe decidieron participar dentro de la colectividad aun reconociendo que existirán diferencias con sus dirigentes.

“Decidimos llevar nuestra voz de fe y valores dentro del Partido Popular Democrático, aun sabiendo que no siempre estaremos de acuerdo con todas las posturas de nuestros líderes”, expresó Tirado.

“Nuestra misión no es imponer, sino dialogar, presentar nuestras convicciones y defender con respeto nuestros valores”

Pastor Ariel Tirado

El pastor destacó que su misión dentro del partido será presentar sus convicciones mediante el diálogo. “Nuestra misión no es imponer, sino dialogar, presentar nuestras convicciones y defender con respeto nuestros valores”, afirmó.

“Podemos diferir y, a la vez, trabajar unidos por Puerto Rico”, concluyó Tirado.

Las reacciones evidencian nuevamente la diversidad ideológica existente dentro del PPD, una colectividad en la que históricamente han coexistido sectores liberales y conservadores. Las expresiones de Hernández Rivera sobre el aborto abren ahora un nuevo debate interno sobre cuál será la posición del partido en asuntos relacionados con la vida, la familia y otros temas sociales bajo su presidencia.

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Los documentos oficiales demuestran que este enfoque no se limita a garantizar que toda persona sea tratada con dignidad y sin discrimen. La política institucional pretende incorporar lo que oficialmente denomina “perspectiva de género” de forma transversal en el funcionamiento de la Judicatura.

Para quienes sostienen una concepción cristiana y tradicional del ser humano como varón y mujer, esto plantea una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en la institucionalización de estas ideas sin entrar en conflicto con la libertad religiosa, de conciencia y expresión?

No comenzó con Oronoz, pero se fortaleció bajo su presidencia

La incorporación de políticas de género en la Rama Judicial antecede a Oronoz.

En la década de 1990 comenzaron esfuerzos institucionales relacionados con el discrimen por razón de género y, el 26 de enero de 2016, la entonces jueza presidenta Liana Fiol Matta creó formalmente el Programa de Igualdad y Equidad de Género.

Oronoz, quien ya había sido nombrada jueza asociada del Tribunal Supremo en 2014 por el entonces gobernador Alejandro García Padilla, fue nominada por el propio García Padilla para ocupar la presidencia del máximo foro judicial en febrero de 2016. Su nombramiento fue posteriormente confirmado por el Senado de Puerto Rico.

Durante sus años al frente del Tribunal Supremo estas políticas se han desarrollado y consolidado como parte de la estructura y planificación institucional del Poder Judicial.

La ideología llega a “todas” las dependencias

El alcance establecido oficialmente resulta particularmente significativo.

El Poder Judicial declara que el Programa de Igualdad y Equidad de Género procura que “todas las oficinas, programas y dependencias” incorporen la denominada perspectiva de género en sus planes de trabajo y funciones.

Es decir, ya no estamos únicamente ante políticas dirigidas a impedir discrimen contra una persona que llega a un tribunal.

La estructura institucional busca transversalizar este enfoque dentro del propio sistema judicial.

Hasta la interpretación del derecho

Uno de los aspectos que merece mayor escrutinio es su entrada al ejercicio propiamente judicial.

El Mapa de Género y Equidad del Poder Judicial establece como objetivo oficial:

“Promover la incorporación de la perspectiva de género en la interpretación del derecho y en los principios éticos que rigen el quehacer judicial”.

La cita resulta importante porque demuestra que la política no queda restringida a asuntos administrativos o de recursos humanos: alcanza expresamente la interpretación del derecho.

Desde una óptica conservadora, esto merece especial fiscalización. Los tribunales tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar la Constitución y las leyes, y resulta legítimo cuestionar qué efecto puede tener incorporar un marco ideológico adicional al proceso de interpretación judicial.

Capacitación para jueces y empleados

La implantación también alcanza la educación de quienes forman parte del sistema.

El Programa de Igualdad y Equidad de Género trabaja junto a la Academia Judicial Puertorriqueña y otras dependencias para ofrecer capacitación a jueces, funcionarios y personal administrativo.

Documentos presupuestarios del Poder Judicial describen incluso un “Currículo con perspectiva de género para el funcionariado y personal de apoyo del Poder Judicial”, compuesto por 13 talleres, diez de ellos dirigidos a todo el funcionariado.

Ver: Programa de Igualdad y Equidad de Género

También se han desarrollado actividades educativas relacionadas con transversalidad de género, sesgos, comunidades LGBTTIQ+ y metodologías para incorporar este enfoque al trabajo judicial.

La pregunta que surge es evidente: ¿qué espacio queda para el funcionario, juez o empleado que, por convicción cristiana o de conciencia, rechaza aspectos de esta visión sobre sexo e identidad de género?

Las comunidades LGBTTIQ+ ocupan un espacio específico

Uno de los cinco imperativos establecidos en el Mapa está dedicado específicamente a las comunidades LGBTTIQ+.

El Poder Judicial busca identificar y eliminar prácticas consideradas discriminatorias por razones que incluyen orientación sexual e identidad de género, además de promover políticas específicas relacionadas con estas poblaciones.

Durante la administración de Oronoz también se han desarrollado procedimientos relacionados con solicitudes judiciales para modificar el identificador de género en certificados de nacimiento.

Todo ser humano merece dignidad y respeto, independientemente de sus decisiones personales o identidad. Sin embargo, reconocer esa dignidad no obliga necesariamente a aceptar sin cuestionamientos todas las premisas ideológicas relacionadas con sexo y género.

Ahí precisamente se encuentra el debate.

Una política que trasciende el trato igualitario

La propia trayectoria oficial de Oronoz refleja la importancia que ha otorgado al tema. La jueza presidenta encabeza el Comité de Igualdad y Género del Poder Judicial y entre 2023 y 2025 presidió la Comisión de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, organismo que impulsa la transversalización del enfoque de género en los poderes judiciales.

Por eso, el debate ya no debe reducirse a si una persona LGBTTIQ+ merece respeto y acceso a los tribunales. Por supuesto que lo merece.

La discusión de fondo es diferente: ¿debe la Judicatura institucionalizar una determinada concepción sobre género hasta incorporarla transversalmente en sus dependencias, capacitación y en la interpretación misma del derecho?

Esa expansión merece un escrutinio público riguroso, especialmente cuando puede entrar en contacto con convicciones profundamente arraigadas sobre la naturaleza humana, la familia, el sexo biológico y la fe.

La administración de justicia debe garantizar derechos a todos —incluidas las personas LGBTTIQ+— pero también debe preservar el espacio constitucional para quienes, desde su fe y conciencia, no comparten determinadas concepciones ideológicas sobre sexo e identidad de género.

Ese equilibrio, y no la imposición de una visión única, debe ser parte central de la discusión pública.

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Milei afirmó que el pacto fundacional de la ONU “en los hechos se rompió” y lanzó una de sus expresiones más contundentes: “Se convirtió en una organización inútil que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bien intencionados”. También acusó al organismo de haber permitido “el caos, la violencia y el terrorismo internacional” mientras, según sostuvo, fallaba en su misión de defender los derechos humanos. La expresión sobre una ONU “inútil” también fue recogida por diversos medios internacionales.

“[La ONU] se convirtió en una organización inútil que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bien intencionados”.

Javier Milei, presidente de Argentina.

Milei cuestionó además lo que describió como una expansión burocrática de Naciones Unidas hacia asuntos que, a su juicio, exceden su mandato. Mencionó expresamente la Agenda 2030, “las agendas de género”, la regulación económica, el extremismo ambiental y la inmigración descontrolada. Sobre esas iniciativas afirmó que, cuando fracasan, sus promotores “en lugar de revisar el modelo o pedir disculpas, redoblaron la apuesta”.

El mandatario también dirigió críticas al manejo internacional de la pandemia, calificándolo como “un experimento global de control social disfrazado de ciencia”. Estas últimas afirmaciones corresponden a la caracterización hecha por Milei durante su discurso y no constituyen conclusiones independientes sobre las políticas sanitarias implementadas durante la pandemia.

Milei también reclamó a la ONU por su actuación respecto a las islas Malvinas, defendió la posición argentina y cuestionó lo que considera una falta de acción del organismo ante ese conflicto territorial.

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El proyecto, presentado por el senador Ángel Toledo López, enmienda el Código Civil para establecer que toda persona adviene a la mayoría de edad al cumplir 18 años y, desde entonces, tiene plena capacidad para realizar por sí misma los actos civiles permitidos por ley.

De convertirse en ley, algunos de los principales cambios serían:

• Plena capacidad civil: desde los 18 años, incluyendo la posibilidad de contratar y administrar sus bienes por cuenta propia.
• Matrimonio: una persona entre 18 y 20 años ya no necesitaría autorización de sus padres para casarse.
• Comercio y negocios: se reduciría de 21 a 18 años la edad para tener capacidad legal para ejercer habitualmente el comercio.
• Patria potestad: como regla general, terminaría cuando el hijo alcance la mayoría de edad, que pasaría a ser a los 18 años.
• Adopción: la mayoría de edad a los 18 tendría efectos sobre los requisitos y procedimientos establecidos para adoptar.
• Testamento ológrafo: podría otorgarse al alcanzar la mayoría de edad, que bajo la medida serían los 18 años.

No todo cambiaría de 21 a 18 años

El proyecto contiene excepciones para evitar que alcanzar la mayoría de edad a los 18 provoque automáticamente la pérdida de determinados derechos y servicios.

• Pensión alimentaria: las personas entre 18 y 20 años podrían continuar recibiendo alimentos bajo las disposiciones establecidas en la medida.
• Estudios: en determinadas circunstancias, la obligación de alimentos podría extenderse mientras el joven continúa sus estudios, hasta obtener el grado correspondiente o cumplir 25 años, lo que ocurra primero y sujeto a determinación judicial.
• ASUME: para fines de su jurisdicción y servicios, se continuaría considerando “menor” a toda persona que no haya cumplido 21 años, aunque civilmente sea mayor de edad desde los 18.
• Jóvenes bajo custodia del Estado: determinadas personas podrían continuar recibiendo cuidado sustituto, servicios de transición y otras protecciones entre los 18 y 20 años.
• Cubierta médica y beneficios: cumplir 18 años, por sí solo, no podría utilizarse para cancelar o limitar cubierta médica, medicamentos, terapias, educación especial, vivienda, beneficios públicos, cuidado sustituto y otros servicios protegidos.

En otras palabras, la medida convertiría a los jóvenes en adultos para efectos civiles desde los 18 años, pero no significa que todas las leyes o beneficios que actualmente utilizan los 21 años como límite cambiarían automáticamente.

El P. del S. 1245 todavía no es ley. Tras su aprobación en el Senado, deberá continuar el trámite legislativo correspondiente en la Cámara de Representantes.

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La medida establece que los servicios religiosos serán considerados “servicios esenciales” y dispone que el Gobierno no podrá dejar sin efecto su celebración durante una emergencia. El proyecto señala que su propósito es proteger la libertad religiosa y evitar que vuelva a ocurrir un cierre general de los templos como el experimentado durante la pandemia del COVID-19.

Leer: Proyecto de la Cámara 1385

No obstante, la legislación no exime a las iglesias de las medidas de salud y seguridad. Los lugares de culto deberán cumplir con las precauciones aplicables durante una emergencia y el Gobierno podrá imponer requisitos neutrales de salud, seguridad u ocupación que también sean aplicables a organizaciones y negocios comparables.

La medida recibió oposición de legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). El proyecto ahora deberá continuar su trámite legislativo antes de convertirse en ley. La versión presentada fue radicada el 19 de agosto y propone crear formalmente la “Ley de los servicios religiosos como un servicio esencial”.

Los ocho representantes que votaron en contra del P. de la C. 1385 fueron:

• Héctor E. Ferrer Santiago — PPD
• Ángel A. Fourquet Cordero — PPD
• Estrella Martínez Soto — PPD
• Domingo J. Torres García — PPD
• José M. “Conny” Varela Fernández — PPD
• Adriana Gutiérrez Colón — PIP
• Nelie Lebrón Robles — PIP
• Denis Márquez Lebrón — PIP

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La actividad se llevará a cabo el jueves, 8 de octubre de 2026, de 8:30 a.m. a 12:00 p.m., en el Salón Protocolar del Capitolio de Puerto Rico, como parte de la conmemoración del Mes de Apreciación Pastoral.

El encuentro abordará el tema de la libertad religiosa, sus protecciones y su importancia dentro de una sociedad plural y democrática. La iniciativa busca promover el conocimiento sobre este derecho fundamental y contribuir a que los ciudadanos conozcan mejor las garantías que lo protegen.

“La libertad religiosa es un derecho fundamental que no debemos descuidar”, destaca la convocatoria del evento.

La actividad es organizada bajo la presidencia del Senado de Puerto Rico y la Oficina para el Fortalecimiento Social, Comunitario y de Organizaciones de Base de Fe, adscrita al Senado.

Los interesados en participar pueden registrarse mediante el código QR incluido en la convocatoria. Para información adicional, pueden comunicarse al (787) 724-2030, extensiones 4439 y 4436.

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La iniciativa parte de uno de los principales pilares de la política económica de Milei: el déficit fiscal no debe ser financiado mediante un aumento de la deuda o la emisión de dinero. El mandatario argentino ha defendido desde el inicio de su gobierno la necesidad de que el Estado gaste menos de lo que recauda.

El proyecto establece un mecanismo de presión para que el Congreso corrija las cuentas públicas si se mantiene un déficit durante un período determinado. De no producirse la corrección, entrarían en vigor restricciones sobre determinados gastos y actividades consideradas no esenciales del Estado.

Entre las medidas contempladas se encuentran límites para realizar nuevos gastos, contratar personal o asumir nuevos compromisos, además de restricciones sobre determinadas transferencias discrecionales. La propuesta también contempla que funcionarios de alto rango, incluyendo legisladores y miembros del Ejecutivo, puedan dejar de percibir sus salarios mientras permanezca activo el mecanismo.

Sin embargo, los servicios considerados esenciales quedarían protegidos, entre ellos las jubilaciones y pensiones, programas sociales, salud, seguridad, defensa y el sistema penitenciario.

La idea detrás del llamado “grillete” es establecer una consecuencia directa ante el incumplimiento de la disciplina fiscal. En otras palabras, el Gobierno de Milei pretende que el costo político de mantener un déficit no recaiga únicamente sobre las finanzas públicas, sino también sobre quienes toman las decisiones presupuestarias.

La propuesta ha sido comparada con el llamado government shutdown de Estados Unidos, aunque existen diferencias importantes. Mientras el cierre parcial del gobierno estadounidense suele producirse cuando no existe una autorización presupuestaria para financiar determinadas operaciones, el mecanismo planteado por Milei estaría directamente vinculado al incumplimiento de una regla de equilibrio fiscal.

Para Milei, el objetivo final es evitar que Argentina vuelva al ciclo que, según sostiene, durante décadas estuvo marcado por déficit, endeudamiento, emisión monetaria e inflación.

De aprobarse, el “grillete fiscal” representaría uno de los intentos más fuertes de institucionalizar la política de déficit cero defendida por el mandatario argentino y de limitar el margen de futuros gobiernos para incrementar el gasto público sin contar con los ingresos necesarios para financiarlo.

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Trump realizó el anuncio a través de una publicación en redes sociales, en la que aseguró que el acuerdo fue gestionado bajo su dirección por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en coordinación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y mediante una alianza con empresas privadas.

El mandatario estadounidense sostuvo que la transacción se concretó sin costo para los contribuyentes estadounidenses y afirmó que permitirá más que duplicar las reservas petroleras de Estados Unidos, aumentar el suministro de crudo y reducir “sustancialmente” los precios de la gasolina para los consumidores estadounidenses.

Trump también aseguró que el acuerdo contribuirá a la recuperación económica de Venezuela y fortalecerá las relaciones entre ambos países.

Por su parte, Rodríguez respaldó el acuerdo y señaló que permitirá incrementar significativamente la producción petrolera venezolana mediante la participación de operadores privados. Según información divulgada por el gobierno venezolano, el plan contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial de 65,000 millones de barriles y una inversión privada estimada en alrededor de $100,000 millones, además de más de $209,000 millones en ingresos tributarios para Venezuela.

Detalles del acuerdo aún no han sido divulgados

Aunque Trump presentó el pacto como una histórica transacción petrolera, todavía no se han divulgado públicamente todos los detalles sobre la estructura legal y financiera del acuerdo, incluyendo cómo se ejercerá exactamente el control mayoritario estadounidense sobre las reservas. Reuters señaló que también existen interrogantes sobre su viabilidad debido a las condiciones legales, la infraestructura petrolera venezolana y las dificultades que enfrenta el sector.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en aproximadamente 303,000 millones de barriles. Sin embargo, su producción se mantiene muy por debajo de su potencial debido a años de falta de inversión, deterioro de infraestructura y otros factores.

El anuncio ocurre mientras la administración Trump busca aumentar el suministro de petróleo y contener los precios de los combustibles en Estados Unidos. Aunque Trump anticipó una reducción significativa en el precio de la gasolina, expertos citados por medios estadounidenses han advertido que un aumento sustancial de la producción venezolana podría tomar años en materializarse.

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La medida, anunciada el 10 de agosto, establece un nuevo marco denominado “Gold Standard Childhood Vaccine Recommendations”, que recomienda que todos los niños reciban inmunizaciones para protegerse contra 11 enfermedades. Otras vacunas que anteriormente eran recomendadas de manera general pasan a una categoría de decisión clínica compartida, permitiendo que padres y profesionales de la salud evalúen conjuntamente las opciones para cada menor.

La Casa Blanca sostiene que el cambio busca ofrecer a las familias mayor información y flexibilidad, incluyendo decisiones relacionadas con el momento y la frecuencia de las vacunas. La orden también promueve que los estados que establecen requisitos de vacunación escolar consideren estas nuevas recomendaciones y respeten las disposiciones relacionadas con la autoridad de los padres, las exenciones religiosas y las excepciones médicas.

Como parte de la nueva política, la administración también recomienda administrar por separado las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), en lugar de combinarlas en una sola aplicación, y plantea que las vacunas se administren en visitas médicas separadas para ofrecer mayor flexibilidad a las familias.

La decisión forma parte de la agenda Make America Healthy Again (MAHA), impulsada por la administración Trump, que busca revisar las políticas de salud infantil y atender las enfermedades crónicas desde un enfoque centrado en la prevención, la investigación y la participación de las familias.

Según la Casa Blanca, la nueva política procura que Estados Unidos acerque sus recomendaciones de vacunación infantil a las prácticas adoptadas por otros países desarrollados, al tiempo que mantiene disponibles las vacunas existentes y enfatiza la importancia de que padres y médicos cuenten con mayor flexibilidad para tomar decisiones informadas.

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La medida, denominada Prioritizing Patient Access to Care Act, concede mayor discreción a los profesionales de la salud para determinar si se debe realizar un aborto después de las 24 semanas de gestación, sin enfrentar las sanciones legales contempladas bajo las restricciones anteriores. La nueva ley entrará en vigor en un plazo de 90 días.

Antes de la aprobación de esta legislación, Massachusetts generalmente prohibía los abortos después de las 24 semanas, salvo determinadas excepciones médicas. Healey sostuvo que la nueva norma busca garantizar que las familias que enfrentan complicaciones médicas durante etapas avanzadas del embarazo puedan recibir atención en el estado, en lugar de tener que viajar a otra jurisdicción.

Durante la firma, la gobernadora defendió la medida y afirmó que las decisiones relacionadas con el aborto deben corresponder a las mujeres, sus familias y sus médicos, y no a los políticos. También aseguró que continuará respaldando el acceso al aborto mientras permanezca en el cargo.

Con la entrada en vigor de la legislación, Massachusetts se suma a un grupo de estados que no establecen un límite gestacional específico en sus leyes de aborto. Según Fox News, será el décimo estado en eliminar este tipo de límite.

La aprobación de la medida se produce en medio del debate nacional sobre el aborto en Estados Unidos, especialmente tras la decisión de la Corte Suprema que revocó Roe v. Wade y devolvió a los estados gran parte de la autoridad para establecer sus propias políticas sobre el procedimiento.

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Colberg calificó como un acto de “profunda hipocresía” la postura del liderato popular sobre las aportaciones políticas y rechazó el discurso impulsado por Hernández respecto a la renovación del partido.

“Yo creo que es un acto de profunda hipocresía del Partido Popular venir con eso ahora. Porque el Partido Popular toda la vida ha cogido dinero en efectivo y aportaciones anónimas. Todos los candidatos, todos los alcaldes, todos los legisladores”, expresó.

Asimismo, cuestionó que se catalogue de corruptos a otros sectores políticos por aceptar donativos permitidos por ley.

“Decir que el Partido Independentista y su liderato son unos corruptos, cuando jamás ha tenido el historial de corrupción que han tenido los partidos principales, incluyendo el Partido Popular, es demagogia pura”, afirmó.

Colberg también criticó la estrategia política de confrontar al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), al señalar que el verdadero adversario electoral del PPD continúa siendo el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Según indicó, excluir a figuras históricas y descalificar a antiguos líderes representa un grave error político.

Critica el trato a exgobernadores del PPD

Durante su intervención, Colberg denunció además el trato que, según dijo, recibieron los exgobernadores Sila María Calderón y Alejandro García Padilla durante la actividad del PPD celebrada el pasado 25 de julio.

“Sentaron a dos exgobernadores del Partido Popular en el piso. No les dieron asiento en la tarima. Eso es una falta de respeto. Respeten la historia del Partido Popular, respeten a las figuras que se echaron el partido al hombro”, manifestó.

Añadió que tanto Calderón como García Padilla trabajaban por la colectividad “cuando ellos estaban en kindergarten”, en referencia a la nueva generación de dirigentes populares.

“Parecen nenes de kindergarten”

En la parte más enérgica de sus expresiones, Colberg acusó al liderato popular de distraerse con disputas internas en lugar de atender los problemas que enfrenta el país.

“En vez de estar hablando del agua y de la luz, están hablando estupideces. Parecen nenes de kindergarten todavía, con estas boberías. Compórtense como adultos que son y dejen de estar mancillando a un liderato que le dedicó decenas de años de servicio al Partido Popular.”

El exlegislador concluyó advirtiendo que una estrategia basada en excluir sectores y figuras históricas de la colectividad conduciría al PPD hacia una nueva derrota electoral y retó al presidente del partido a discutir también el rol de los cabilderos y los recaudos políticos dentro de la organización.

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