El Proyecto del Senado 1222, radicado el 5 de mayo de 2026 por la senadora Nitza Moran Trinidad por petición, busca enmendar dos artículos de la Ley 255-2002 para reemplazar la expresión por conceptos como “persona prudente y diligente” o “persona responsable”.

Según la exposición de motivos, la medida responde a preocupaciones sobre el uso de lenguaje considerado sexista en la legislación puertorriqueña y persigue promover una redacción más acorde con los principios de igualdad e inclusión.

“La expresión ‘buen padre de familia’ ha sido objeto de crítica por su sesgo sexista y por perpetuar estereotipos de género”, establece el documento legislativo.

Leer medida: Proyecto del Senado 1222

Los proponentes argumentan que el término “padre” invisibiliza a las mujeres y otras figuras de cuidado, además de no reflejar la diversidad de estructuras familiares existentes en la sociedad actual, incluyendo madres solteras, abuelos cuidadores y otros modelos familiares.

Asimismo, sostienen que la legislación debe utilizar un lenguaje que reconozca la capacidad de cualquier persona de actuar con responsabilidad y diligencia, independientemente de su género.

No cambia las responsabilidades legales

La medida no altera las obligaciones fiduciarias ni los deberes que actualmente tienen los miembros de las juntas directivas y cuerpos gerenciales de las cooperativas.

Los directivos continuarían obligados a actuar con prudencia, lealtad y responsabilidad en la administración de los bienes y operaciones de las instituciones. El cambio propuesto se limita a la terminología utilizada para describir ese estándar de conducta.

De aprobarse, los artículos enmendados establecerían que los directivos deberán actuar como lo haría “una persona prudente y diligente o persona responsable”, en lugar de la referencia tradicional al “buen padre de familia”.

Debate sobre lenguaje y tradición jurídica

La frase “buen padre de familia” ha sido utilizada históricamente en diversos sistemas jurídicos de tradición civilista para describir el nivel de cuidado y diligencia esperado de una persona responsable al administrar bienes o tomar decisiones.

Sin embargo, durante los últimos años distintas jurisdicciones han optado por reemplazar esa terminología por expresiones neutrales que eviten referencias de género.

La medida fue evaluada y aprobada por la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, y posteriormente recibió el aval del Senado de Puerto Rico. Ahora pasará a la Cámara de Representantes, donde deberá ser considerada y aprobada antes de continuar el proceso legislativo.

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WASHINGTON – El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS), a través de su Administración para Niños y Familias (ACF), exigió que 46 estados y territorios eliminen todas las referencias a la ideología de género en los materiales educativos de su Programa de Educación para la Responsabilidad Personal (PREP, por sus siglas en inglés), financiado con fondos federales, en un plazo de 60 días.

Esta acción refleja el compromiso continuo de la Administración Trump de proteger a los niños de intentos de adoctrinamiento con una ideología engañosa.

La semana pasada, la ACF canceló la subvención del PREP de California después de que ese estado no cumpliera con la exigencia de eliminar la ideología de género de sus materiales educativos. Los estados y territorios que reciben estas nuevas cartas ahora han sido advertidos: el incumplimiento resultará en medidas similares de aplicación de la ley, incluyendo la retención, suspensión o cancelación de los fondos federales del PREP.

“Se acerca la rendición de cuentas”, dijo el secretario adjunto interino Andrew Gradison. “Los fondos federales no se usarán para envenenar las mentes de la próxima generación ni para promover agendas ideológicas peligrosas. La Administración Trump garantizará que el PREP refleje la intención del Congreso, no las prioridades de la izquierda”.

Los 46 destinatarios de estas cartas incluyen los siguientes estados y territorios:

Estados (40 en total): Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Georgia, Hawái, Illinois, Iowa, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Vermont, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin, Wyoming.

Territorios y D.C. (6 en total):

Guam, Islas Marianas del Norte, Palaos, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Washington D.C.

Las cartas enviadas a los 46 estados y territorios pueden encontrarse aquí [PDF].
Los detalles sobre cuánto financiamiento podría perder cada estado y territorio se encuentran aquí [PDF, 57 KB].

Fuente: https://www.hhs.gov/press-room/hhs-acf-states-remove-gender-ideology-sex-ed.html

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Una legislación para priorizar la integridad de los menores

El proyecto de ley responde a una creciente preocupación global sobre la realización de procedimientos químicos y quirúrgicos experimentales en menores de edad, diseñados para modificar la biología de su sexo bajo el pretexto de una transición de género. Estas intervenciones, en su mayoría irreversibles, presentan riesgos significativos que incluyen efectos físicos, emocionales y psicológicos adversos.

Ante esta realidad, 26 estados de Estados Unidos, el gobierno federal, así como los países pioneros en Europa sobre esta materia han decidido restringir o prohibir estos tratamientos, entre estos: Suecia, Finlandia, Noruega e Inglaterra.

Puntos clave de la propuesta legislativa

• Prohibición de procedimientos de alegado cambio de sexo: Ninguna institución médica o profesional de la salud, pública o privada, podrá realizar intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales que alteren la biología sexual de un menor bajo el pretexto de una transición de género.

• Restricción de uso de fondos públicos: Las instituciones, sean públicas o privadas, que reciban financiamiento público no podrán destinar recursos para financiar, promover ni avalar este tipo de prácticas.

• Sanciones claras y efectivas: Las violaciones a esta ley estarán sujetas a estrictas sanciones, que incluyen reclusiónpor un término fijo de quince (15) años, revocación de licencias profesionales y multa de 50,000 mil dólares.

Garantizar derechos y promover el bienestar

Los menores de edad, al no haber alcanzado la madurez emocional y cognitiva completa, son particularmente vulnerables a tomar decisiones que podrían impactar su salud y futuro de manera negativa con posibles consecuencias irreversibles. En este sentido, la ley busca proteger su derecho a crecer y desarrollarse en un ambiente que respete su bienestar integral, ante influencias sociales, médicas o culturales que puedan poner en riesgo su salud física y emocional.

La esencia de esta ley es garantizar que nuestros niños y adolescentes puedan alcanzar su máximo potencial en un entorno seguro, basado en principios de respeto, dignidad y protección.

Proyecto de ley PS350

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La petición va dirigida al Departamento de Estado, Justicia, Educación, Salud, Seguridad Pública, Rehabilitación Correccional, Procuradora de las Mujeres, Vivienda, Desarrollo Económico, Trabajo y Recursos Humanos, a la luz de los mandatos establecidos en la Orden Ejecutiva emitida el 20 de enero de 2025, por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, titulada “Ending Radical and Wasteful Government DEI Programs and Preferencing”. En dicha orden ejecutiva se expone que, durante la pasada administración, múltiples programas de DEI a nivel federal promovieron programas discriminatorios e implicaron un despilfarro de recursos públicos. Razón por la cual se ordena la eliminación de todo programa gubernamental federal, así como también de toda iniciativa estatal o territorial que reciba fondos federales, que promueva dichas ideas. Es imperativo, por lo tanto, conocer cuántos programas e iniciativas de DEI existen en el gobierno de Puerto Rico y si se están utilizando fondos locales o federales para su implementación.

La solicitud presentada por la senadora le requiere a los Departamentos antes mencionados que provean información detallada sobre el uso de fondos públicos relacionados con iniciativas, programas y actividades de DEI llevadas a cabo entre 2014 y 2024. Esto incluye un desglose específico de los programas financiados, las cuantías asignadas, las organizaciones involucradas y cualquier medida adoptada para seguir los lineamentos de la orden ejecutiva emitida por la actual administración federal.

“Es esencial que garanticemos que los fondos públicos se utilicen de manera responsable, en respuesta a las necesidades de nuestra ciudadanía. Esta solicitud busca evaluar cómo se han manejado estos recursos y asegurar que las prioridades de nuestro gobierno estén alineadas con los principios de justicia, igualdad y eficiencia que la ciudadanía exige”, expresó la senadora Rodríguez Veve.

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“Yo creo que hay forma de seguir trabajando con la equidad sin tener que trabajar con lo que es la ideología de género.”

Designado secretario del DE, Eliezer Ramos Parés.

Ante de las recientes órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump que prohíben las políticas de DEI en los programas que reciben fondos federales como los es el Departamento de Educación de Puerto Rico, Ramos Parés indicó que no se pondrán en riesgo los fondos recibidos. “Nuestro sistema educativo es bien dependiente a los fondos federales, asi que, no los vamos a poner en riesgo.”

“Sin duda alguna, la equidad si la vamos a estar trabajando, yo no veo nada en contra en esas órdenes ejecutivas para atender las necesidades de nuestros estudiantes y de nuestras facultades…”, añadió.

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Las medidas, adelantadas por un funcionario de la Casa Blanca, son un guiño a temas que animaron la campaña de Trump y que ha prometido abordar como presidente.

El primer decreto exigiría a las agencias tratar a los hombres y mujeres biológicos como sexos separados, dejar de promover la “ideología de género” y exigir a ciertas agencias que vuelvan a reconocer solo “hombre” y “mujer” en los formularios.

Por ejemplo, el Departamento de Estado exigirá ahora a los solicitantes de pasaportes y visados que reflejen “con exactitud” su sexo en sus documentos oficiales, dijo el funcionario. Y se exigirá a las prisiones federales y a los centros de acogida de inmigrantes que protejan los “espacios para un solo sexo”, dijo el funcionario.

“Lo que estamos haciendo hoy es definir que es una política de Estados Unidos reconocer dos sexos, masculino y femenino. Son sexos que no se pueden cambiar y que se basan en una realidad fundamental e incontrovertible”, dijo el funcionario.

Entre las directivas del decreto está la prohibición de utilizar fondos federales en procedimientos de transición, dijo el funcionario. Y “garantizará que los estadounidenses tengan su derecho a la libertad de expresión”, que, según el funcionario, podría verse obstaculizado cuando “se pida a la gente que utilice pronombres preferidos”.

“El Gobierno federal ya no promoverá la ideología de género”, dijo el funcionario.

Un segundo decreto pondrá fin a los “radicales y despilfarradores programas gubernamentales de DEI”, dijo el funcionario, utilizando un acrónimo de diversidad, igualdad e inclusión.

El decreto “desmantelará la burocracia DEI, y esto incluye programas de justicia medioambiental, subvenciones relacionadas con la equidad, plan de acción de equidad, iniciativas de equidad”.

“Van a evaluar el coste en el contribuyente de todos estos programas y dar transparencia al público”, dijo el funcionario.

Fuente: CNN

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