Durante una entrevista en el programa Pelota Dura, Vallines expresó que “le pide a Dios” que haya primaria y sostuvo estar “convencida” de que ocurrirá, argumentando que la mandataria “no tiene la capacidad de reconocer que tiene cero posibilidades de prevalecer ni en la junta de la urbanización donde tiene la casa”.

La también exfuncionaria fue más allá al atribuir el escenario político a lo que describió como “soberbia y enajenación”, asegurando que esto desembocará inevitablemente en una contienda interna en la colectividad.

Cuestiona estilo de gobernanza

Al ser cuestionada sobre la situación actual del gobierno, Vallines indicó que no le sorprende el rumbo de la administración, ya que —según dijo— el tono se estableció desde que González anunció su candidatura.

Alegó que las expresiones de la entonces aspirante a la gobernación “laceraron profundamente” a funcionarios de la pasada administración, a quienes defendió como un equipo comprometido con el país. “Fue más allá de un anuncio de candidatura; fue un ataque a una gestión de gobierno”, sostuvo.

Señalamientos sobre influencia en La Fortaleza

Vallines también planteó dudas sobre quién realmente ejerce el control en el Ejecutivo. Aunque reconoció que la responsabilidad recae en la gobernadora, afirmó tener conocimiento de situaciones en las que instrucciones directas no se ejecutan.

En ese contexto, señaló al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Francisco Doménech, como una figura determinante en la toma de decisiones. “El jefe de la gobernadora se llama Francisco Doménech”, afirmó, sugiriendo que existe una dinámica de poder que mantiene “secuestrado” el gobierno.

Insinúa acuerdos no revelados

La exdirectora también insinuó la posible existencia de acuerdos internos que no han salido a la luz pública. “No tengo evidencia, pero tampoco tengo duda”, dijo, al describir como “no normal” la relación y la “incondicionalidad” observada dentro del círculo de poder.

Visualiza posible contienda

En cuanto a una eventual primaria, Vallines indicó que esperaría que fuera entre la gobernadora y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Finalmente, criticó el proceso de transición gubernamental y alegó que desde sus inicios se presentó un panorama distorsionado de la realidad administrativa. “Cuando uno no tiene mérito propio, depende de echarle lodo al que sí lo tiene”, concluyó, al asegurar que ese ha sido el “modus operandi” de la actual administración.

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La situación también se suma a la exclusión de una reunión convocada el pasado 11 de marzo por el director de la Oficina de Base de Fe de La Fortaleza, Juan Gaud, con medios de comunicación de línea conservadora.

Asimismo, el medio señaló que múltiples solicitudes de entrevista dirigidas tanto a la gobernadora como al primer caballero, José Yovín Vargas, no han rendido frutos.

La exclusión del medio de las comunicaciones oficiales y la falta de acceso a entrevistas con la principal mandataria del país y con el primer caballero, ha generado preocupación sobre el acceso equitativo de los medios a la información gubernamental. El medio sostiene que esta situación limita su capacidad de cubrir de manera directa las gestiones de la actual administración.

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San Juan, Puerto Rico – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, y la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, otorgaron 140 títulos de propiedad a familias, poniendo fin a décadas de espera para que residentes puedan tener la certeza de un hogar seguro. La entrega de escrituras, que incluyó casos de las regiones de Carolina, San Juan, Bayamón y Arecibo, se celebró en el Departamento de la Vivienda en Hato Rey.

En la actividad, resaltaron la importancia que este documento tiene para los ciudadanos, mayormente en momentos de emergencia, cuando el desembolso de ayudas suele estar sujeto a la existencia de un título de propiedad. Además, resaltaron la valentía y resiliencia de los participantes que, a pesar de enfrentar circunstancias adversas, se mantuvieron firmes, luchando por lograr el sueño de su familia.

“Con esta entrega de 140 títulos de propiedad, dejamos claro que nuestro compromiso con las familias puertorriqueñas no se detiene. Hoy, cada una de estas personas tiene la certeza de que su hogar le pertenece y que sus familias continuarán creciendo y creando memorias bajo un techo seguro y propio”,

expresó la gobernadora.

Por su parte, la secretaria subrayó que estas entregas son posibles gracias al Programa de Autorización de Títulos, el cual, mediante fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario – Recuperación de Desastres (CDBG-DR) y otras iniciativas, permite cubrir los costos de trámites legales, ofreciendo así la asistencia técnica necesaria para que los residentes obtengan la protección jurídica que merecen.

“Como servidores públicos, nos llena de satisfacción ver los rostros de alegría de estas personas que por muchos años han esperado por su título de propiedad. Algunos de ellos, han pasado procesos complicados de salud, otros han perdido familiares en la espera, pero todos han mantenido la esperanza y la confianza de que este día llegaría”, añadió la secretaria.

“Hoy es un día importante para las familias que finalmente se les hace justicia con la entrega de su título de propiedad. Estas familias, que tanto han luchado por ese título, ahora tienen la seguridad que ese documento representa. Esto es parte del compromiso de nuestra administración, de la gobernadora Jenniffer González y la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez, de eliminar la burocracia y asistir directamente a nuestra gente”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

Las historias de los nuevos propietarios son muestra de la perseverancia de los puertorriqueños. Casos como el del matrimonio compuesto por Miguel A. Santiago y Aida M. Escobar Rivera, quienes por 25 años hicieron gestiones y sacrificios para hoy contar con el documento que evidencia la titularidad de su hogar en el sector Mata de Plátano en Luquillo.

Otra conmovedora historia es la de doña Rosa Iris Pantoja López, quien hace más de 40 años construyó su casita en la comunidad San Vicente de Vega Alta, junto a su esposo, don Pedro D. Negrón. En el año 2012 comenzaron el proceso de obtener su título de propiedad y, en la espera, don Pedro falleció. Sin embargo, doña Rosa Iris no se rindió y hoy convierte en realidad lo que esperó por décadas.

Incentivos para los agricultores

Por otro lado, cinco agricultores bona fide con operaciones en los municipios de Adjuntas, Camuy, Hatillo, San Lorenzo y San Sebastián, firmaron acuerdos de subvención bajo el Programa para la Estabilidad Agroenergética (FER por sus siglas en inglés), para un total de $979.488.56 financiado con fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario – Mitigación (CDBG-MIT). La iniciativa está orientada a mitigar riesgos y fortalecer la resiliencia operativa del sector agrícola mediante proyectos de energía renovable que aseguren continuidad de servicios ante interrupciones eléctricas y eventos de emergencia.

“Con este paso apoyamos a fincas, productores de leche y carne, que necesitan estabilidad energética para producir. La confiabilidad eléctrica se traduce en más productividad, menos pérdidas y mejor planificación de cosechas. Nuestro compromiso es apoyar a los empresarios locales y asistirles con las herramientas necesarias para que su operación sea fructífera”, expresó la gobernadora.

En tanto, la secretaria Pérez Peña explicó que las empresas beneficiadas aportan a renglones esenciales de la canasta alimentaria de la Isla como producción de leche y carne, cultivos de café y frutos menores como plátano, cítricos, ñame, yautía. “La estabilización energética permitirá operar equipos de riego, bombeo, refrigeración y procesamiento con mayor confiabilidad, reduciendo mermas tras eventos atmosféricos y mejorando la planificación de siembras y cosechas para abastecer a los mercados locales”, detalló.

El programa, que continúa recibiendo solicitudes, otorga subvenciones que pueden cubrir hasta el 100% del consumo anual de energía de cada empresa incluyendo los costos de diseño, permisos, equipos, instalación, monitoreo del sistema y la solicitud de interconexión con el operador de la red. El presupuesto total del Programa asciende a $75 millones, con ayudas que fluctúan entre $50,000.00 y $250,000.00, o el equivalente al 100% del consumo anual de energía —lo que resulte menor. Los proyectos elegibles incluyen la instalación de sistemas fotovoltaicos nuevos con baterías, la adquisición de baterías para sistemas existentes y la expansión de sistemas ya instalados para cubrir necesidades energéticas no atendidas.

La gobernadora y la secretaria participaron de la actividad junto al presidente de la Cámara de Representantes y representante del Distrito 36 Carlos “Johnny” Méndez; el vicepresidente de la Cámara y representante del Distrito 33 Ángel Peña Ramírez, los representantes Félix Pacheco Burgos (Distrito 9), Pedro J. “Pellé” Santiago Guzmán (Distrito 10), Carmen Medina Calderón (Distrito 37), Elinette González Aguayo (Distrito 11), Edgardo Feliciano Sánchez (Distrito 12), Sol Y. Higgins Cuadrado (Distrito 35), Ángel Morey Noble (Distrito 6), Christian Muriel Sánchez (Distrito 34), Joe “Joito” Colón Rodríguez (Distrito 22), Luis “Junior” Pérez Ortiz (Distrito 7) y la representante por Acumulación Tatiana Pérez; los alcaldes de Hatillo Carlos Román, Toa Baja Bernardo “Betito” Márquez; Camuy Gabriel “Gaby” Hernández; Toa Alta Clemente “Chito” Agosto; Vega Baja Marcos Cruz Molina; Vega Alta María Vega Pagán; San Lorenzo Jaime Alverio; Canóvanas Lornna Soto; los senadores de los distritos de Bayamón Carmelo J. Ríos Santiago y Migdalia Padilla Alvelo; Carolina Marissa “Marissita” Jiménez y Héctor Joaquín Sánchez Álvarez; y de Humacao Wanda “Wandy” Soto Tolentino y Luis Daniel Colón La Santa.

Tanto la gobernadora González Colón como la secretaria Pérez Peña exhortaron a quienes aún no han completado sus trámites a que se acerquen a la agencia para recibir orientación y, si son elegibles, también obtengan la garantía de un hogar seguro. Estas entregas contribuyen a la transformación social de la Isla, fortaleciendo las comunidades y brindando a las familias la estabilidad que solo un título de propiedad puede ofrecer.

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El Proyecto del Senado 5, ahora Ley 113-2025, es de la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz (Acumulación PNP), y de la coautoría de los senadores Migdalia Padilla (Dtto. Bayamón-PNP), Eliezer Molina (Acumulación- Independiente), Karen Román (Dtto. Aguadilla- PNP), Jamie Barlucea (Dtto. Ponce-PNP), Ángel Toledo (Acumulación- PNP), Rafael “Rafy” Santos (Guayama- PNP), Jeison Rosa (Dtto. Aguadilla), Wilmer Reyes (Dtto. Guayama-PNP) y Gregorio Matías (Acumulación – PNP). 

La medida crea la “Ley de Admisión Automática a la Universidad de Puerto Rico”, a fin de disponer un proceso de admisión automática a la Universidad de Puerto Rico a todo estudiante de undécimo grado de escuela superior que se encuentre en el veinte por ciento (20%) del promedio más alto de su clase; y para otros fines relacionados.

“Esta ley es parte de nuestro compromiso con la juventud para quienes hemos ejecutado varias iniciativas entre ellas: la Orden Ejecutiva 21, donde fortalecimos el Internado Luis A. Ferré para que más jóvenes universitarios como parte de su desarrollo profesional, maximizáramos sus oportunidades de desarrollo profesional entre varias agencias. Con la firma del proyecto de administración A-35, el cual crea la Ley de Comité de Juventud Ahora (Ley 33-2025), garantizamos que la voz de los jóvenes entre 13 y 29 no solo sea escuchada, sino que, sea parte activa de la toma de decisiones y forme parte sustantiva de la formulación, evaluación e implementación de políticas públicas en Puerto Rico”,

dijo la gobernadora. 

Además, con el Programa de Vivienda Joven, creado bajo esta administración se viabiliza que personas entre las edades de 21 y 35 años que se hayan graduado de una institución acreditada dentro de los últimos cinco años, puedan acceder a financiamiento para la compra de su residencia principal en la Isla, estableciendo una tasa interés de 5 por ciento. De igual forma, más de 612 jóvenes emprendedores ya han recibido su decreto contributivo, a través del Departamento de Desarrollo Económico, el cual les faclita establecer su propio negocio. 

“La educación es el motor más poderoso de transformación social. Con esta ley, no solo reconocemos el talento de nuestros estudiantes, sino que le abrimos las puertas de la universidad del Estado de manera proactiva. Esta es una legislación de justicia académica. No todos los jóvenes cuentan con los mismos recursos o acompañamiento para solicitar ingreso a la universidad. Con este modelo, la Universidad da el primer paso y le dice al estudiante: Te estamos esperando, creemos en ti y queremos que seas parte del desarrollo de Puerto Rico. La UPR irá donde está el talento, lo invitará y le brindará la oportunidad que merece”, expresó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

La medida reconoce los desafíos que ha experimentado la principal institución pública de educación superior en la Isla, la Universidad de Puerto Rico (UPR) en la admisión y retención de estudiantes. 

Según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, la UPR, en el primer semestre académico del año 2022-2023, tuvo 18,206 solicitudes, 10,311 admisiones y 7,751 matriculados. Esto representa una disminución de 13.6 puntos porcentuales de personas admitidas que se han matriculado en el sistema UPR desde el año 2014 hasta el año 2022. 

En la exposición de motivas de la medida se incluyen estadísticas sobre la reducación de la matrícula. Ha habido una marcada disminución en la matrícula durante los últimos diecisiete (17) años del Recinto de Río Piedras. El campus riopedrense, para el año académico 2006-2007, contaba con 20,533 estudiantes matriculados, versus 12,791 para el año académico 2023-2024. Datos de Matrícula, UPR Río Piedras, https://www.upr.edu/datos-institucionales/datos-de-matricula/ (última visita: 1 de diciembre de 2024).  

Por su parte, el Recinto de Utuado es aún más dramático. Y es que, este recinto contaba, para el año académico 2006-2007, con 1,749 estudiantes matriculados. Sin embargo, esta cifra disminuyó a 335 estudiantes para el periodo 2023-2024.  

Es ante esta realidad que se crea esta ley que estipula que la Universidad de Puerto Rico admitirá, en una admisión adelantada, a todo estudiante que, al finalizar su undécimo grado, se encuentre en el veinte por ciento (20%) superior de su clase de escuela secundaria o que haya cumplido con los requisitos de dicho grado por otros medios como, “homeschooling”, escuelas virtuales, Certificación GED (General Education Development), Programas de Educación para Adultos o exámenes de validación del Departamento de Educación.

Un estudiante, que no sea elegible para ser admitido conforme a lo anterior podrá solicitar admisión a la Universidad de Puerto Rico y será evaluado conforme a los criterios establecidos mediante su política de admisión. 

La firma se dio durante la entrega del Programa de Becas del Senado de Puerto Rico “Te Queremos Preparado”, creado mediante la Resolución del Senado 202, aprobada el 19 de mayo de 2025. 

Este programa tiene como propósito brindar una beca de $1,000 para cubrir gastos relacionados a los estudios universitarios. Los estudiantes fueron seleccionados del informe certificado por el Departamento de Educación sobre los estudiantes graduados de escuela superior con un índice académico acumulativo de cuatro puntos (4.00); los resultados obtenidos por estos en la prueba de aprovechamiento académico administrada por el College Board.

Además, los estudiantes tienen que cumplir con el requisito de haber sido admitido en una universidad acreditada de Puerto Rico en un curso conducente al grado de Bachillerato; ser residente de Puerto Rico; y ser ciudadano americano. Fueron seleccionados cuatro estudiantes por municipio para un total de 312.

Conforme al Reglamento aprobado, en los casos en donde haya Municipios con menos de cuatro estudiantes con 4.00 puntos, se procede a adjudicar esas becas a estudiantes que cumplan con los requisitos en los municipios de menor ingreso per cápita.

A la entrega de las becas asistieron la gobernadora, el presidente del Senado, la senadora Brenda Pérez Soto como presidenta Comisión de Educación, Arte y Cultura, secretario de Educación Eliezer Ramos y senadores de los distritos de los estudiantes que recibieron sus becas.

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Los reclamos incluyeron la inspección de pertenencias mediante canes detectores de explosivos, restricciones para ingresar al patio frontal y la imposibilidad de utilizar la sala de prensa sin convocatoria oficial, algo que, según los periodistas, representa un cambio respecto a prácticas anteriores.

“Estoy sorprendida con lo que me estás manifestando. Es la primera vez que se me plantea esto”, expresó González al ser consultada. La mandataria afirmó no estar al tanto de cambios en los protocolos y atribuyó cualquier ajuste a la reciente designación del inspector Santiago, nuevo jefe de seguridad con experiencia previa en manejo de protocolos policiales. “Voy a tomar cartas en el asunto”, aseguró.

En cuanto al tema de acceso para medios menos conocidos o recién establecidos, como el caso del canal Tele1, la gobernadora reafirmó su compromiso con la libertad de prensa: “La sala de prensa está disponible para ustedes como siempre. Los jardines, los espacios frontales también. Voy a encargarme personalmente de verificar lo que está pasando”.

El debate sobre las credenciales de prensa

Otro punto de tensión se centró en la certificación de credenciales de prensa por parte del Departamento de Estado, luego de que periodistas señalaran que algunos colegas han sido excluidos de actividades oficiales por no contar con una credencial vigente, a pesar de haberla solicitado.

La secretaria de Estado, Rosachely Rivera explicó que el retraso responde a la falta de firmas de parte de miembros de la Junta que certifica a los periodistas, la cual está compuesta por profesionales del gremio y no por funcionarios del gobierno. “Hay colegas que no hemos podido contactar para completar los trámites. Sin esas firmas, no podemos emitir las credenciales”, explicó la funcionaria, quien identificó a Alinea Luciano como una de las personas clave cuya firma está pendiente.

Ante críticas sobre la rigidez del reglamento que rige el proceso, la secretaria indicó que ya trabaja con un borrador actualizado para modernizar el protocolo vigente desde la época de Ferdinand Mercado. “Buscamos agilidad”, insistió.

González defiende su apertura a la prensa

La gobernadora subrayó que su administración ha hecho esfuerzos inéditos para garantizar el acceso a la información, como conferencias semanales y reportes dominicales. “Nunca antes un gobernador había estado tan disponible para comunicar gestiones de gobierno y recibir preguntas”, declaró.

Aclaró que las credenciales no se usan para excluir, sino para mantener orden y seguridad. “En agencias federales les revisan las pertenencias y les exigen credenciales. ¿Por qué exigir algo distinto aquí?”, cuestionó. Asimismo, reiteró que ningún medio ha sido impedido de participar en conferencias si cumplen con las normas mínimas de identificación.

Compromiso con atender los reclamos

La conferencia cerró con el compromiso de González de investigar las denuncias sobre protocolos de seguridad y el acceso a las instalaciones, así como de atender administrativamente los reclamos relacionados con las credenciales de prensa.

“Lamento que no se me trajeran estos temas directamente. Hubiéramos podido atenderlos sin necesidad de ocupar el tiempo del pueblo de Puerto Rico, pero lo importante es que se atiendan, y así será”, concluyó.

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“Estamos trabajando arduamente y en coordinación con la Junta de Control Fiscal para ponerle fin a la misma. Por primera vez en casi 10 años de la imposición de la Junta, Puerto Rico presenta el primer presupuesto balanceado, requisito principal para su eliminación. Este logro de nuestra administración es el paso crucial para que de una vez retomemos el control de nuestras finanzas. Este presupuesto responsable, que radicamos en conjunto con la Junta el pasado 14 de mayo, cumple con las exigencias de la Ley PROMESA y sobre todo, al pueblo, priorizando en los temas como la educación, seguridad pública, salud y así como el pago de las pensiones, entre otros. También busca adelantar el programa de gobierno que el pueblo avaló. Agradezco el trabajo del liderato legislativo y su compromiso al aprobar el mismo de manera balanceada”,

expresó la gobernadora Jenniffer González Colón.

La primera mandataria estuvo acompañada en la firma por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico Migdalia Padilla, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes Eddie Charbonier, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y secretario de la Gobernación Francisco Domenech, el secretario de Hacienda Ángel Pantoja y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) Orlando Rivera .

Presupuesto de Puerto Rico 2025-2026:

La certificación por parte de la Junta del primer presupuesto balanceado es una gesta histórica que refleja el compromiso de trabajo de la gobernadora para lograr el fin de la era de la Junta de Control Fiscal sobre el Gobierno de Puerto Rico. Ese compromiso cumplido, incluye el trabajo en conjunto del equipo fiscal de la gobernadora (OGP, AAFAF y Hacienda) con el poder legislativo tanto Cámara como Senado.

Con la firma de la RCC136 (que será la Res. Conj. 14-2025) se logra cubrir las necesidades de la gente, los compromisos del programa de gobierno, el pago a los pensionados, el pago a los acreedores, las horas extras a los policías, los costos de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), el dinero para los municipios, la modernización del gobierno, las garantías de salario justo a los servidores públicos, así como numerosos compromisos de la Gobernadora de Puerto Rico con el pueblo.

Este presupuesto de $13,095,315,000 es la cantidad más grande aprobada de fondos del Gobierno para pagar por los servicios que necesitan los ciudadanos y además permite evidenciar la salud de las finanzas públicas de Puerto Rico y las aspiraciones de igualdad y progreso de la ciudadanía.

“Coincidimos con la apreciación de la Junta Fiscal de que este presupuesto nos pone en posición de “pararnos sobre nuestros pies” y poder continuar mejorando la condición de nuestro erario, para poder pronto cumplir con el otro hito que requiere PROMESA para la salida de la JSF: que Puerto Rico regrese a los mercados de bonos”, añadió la gobernadora.

El desglose del presupuesto consolidado de $32,609,949 para el año fiscal 2026 es el siguiente: $13,095,315 del fondo general, $5,325,810 de fondos especiales estatales como el incentivos de los cruceros que recibe Turismo o el fondo especial del cobro de telecomunicaciones entre otros, y $14,188,824 de fondos federales.

Los $13,095,315,000 del fondo general es la cantidad más grande aprobada de fondos del Gobierno para pagar por los servicios que necesitan los ciudadanos y además permite evidenciar la salud de las finanzas públicas de Puerto Rico.

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Con ese fin, firmó hoy dos Órdenes Ejecutivas: una para crear la Oficina de Tercer Sector, Organizaciones Comunitarias y otra para crear la Oficina de Base de Fe, ambas bajo el marco de su propia oficina, para consolidar y fortalecer el papel vital que estas entidades desempeñan.

“Son las Organizaciones Sin Fines de Lucro las que atienden las primeras necesidades de nuestra gente antes de llegar al municipio o al gobierno. Son ellos quienes están atendiendo muchos de los problemas de nuestra gente, en muchos casos con mayor experiencia que el gobierno. Luego de revisar estudios que demuestran que por cada dólar que invierte el tercer sector en brindar esos servicios, al gobierno le cuesta $7.00 por la realización del mismo trabajo, identificamos una economía por esa parte”, expresó González Colón.

La creación de estas oficinas marca un hito en el trabajo conjunto entre el Gobierno y las Organizaciones Sin Fines de Lucro y Comunitarias, garantizando un acceso equitativo a recursos, capacitación y oportunidades. Entre sus objetivos principales se encuentran:

• Promover la creación de empleos y fomentar el voluntariado como vehículo de transformación comunitaria.
• Capacitar a las organizaciones en el manejo eficiente de fondos federales, estatales y privados, para maximizar su impacto.
• Impulsar la sostenibilidad y recurrencia de fondos a través de una gestión transparente y orientada a resultados.

“La creación de esta Oficina no es solo un acto de gobernanza, es un acto de fe en nuestra gente, en nuestro futuro, y en el poder de las comunidades organizadas. Nuestro gobierno está aquí para ser un facilitador, un aliado y un puente hacia un Puerto Rico más fuerte y más unido”,

añadió la gobernadora.

A una semana del comienzo de la semana mayor, González Colón dio paso a la Orden Ejecutiva para crear la Oficina de Bases de Fe adscrita a la Oficina de la Gobernadora, con el fin de reconocer el trabajo encomiable que realizan las Organizaciones de Base de Fe para sectores vulnerables.

Por primera vez se crean dos oficinas a parte en la Fortaleza para que asesores tanto en temas religiosos como comunitarios sean el enlace con la gobernadora. El licenciado Juan Gaud dirigirá la Oficina de la Base de Fe.

Conferencia de prensa:

De otra parte, González Colón sometió 6 proyectos de Ley rompiendo récord en 95 días de administración con el envío de 61 medidas a la legislatura, que buscan atender áreas clave para el desarrollo y la seguridad de Puerto Rico.

Estas iniciativas abarcan desde: Incluir a la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico como Entidad Exenta de ASG; Enmiendas a la Ley 20-2017: Uniformar los equipos de comunicaciones del Departamento de Seguridad Pública; Enmiendas a la Ley 261-2004: Ley del Voluntariado de Puerto Rico; Guías de Fianzas Mandatorias; Representación del DTRH a empleados en casos de arbitraje; Enmienda a la Ley Núm. 28-2019 – Carta de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes Deportistas.

Desde su juramentación el pasado 2 de enero, la gobernadora Jenniffer González Colón ha demostrado un liderazgo excepcional, marcando un hito histórico al someter 61 proyectos de administración en menos de 100 días de mandato. Convirtiéndose así en la primera ejecutiva en radicar la mayor cantidad de proyectos en los últimos 25 años.

“He trabajado incansablemente para cumplir con las prioridades y compromisos adquiridos con el pueblo de Puerto Rico. Mi enfoque ha sido claro: estabilizar nuestro sistema energético, recuperar la economía, supervisar la reconstrucción y garantizar un gobierno ágil, eficiente y efectivo que responda con urgencia a las necesidades de nuestra gente. Estos primeros 100 días son solo el comienzo de un camino hacia un Puerto Rico más fuerte, moderno y justo para todos”, puntualizó González Colón.

Cabe resaltar que el pasado 4 de abril, la primera ejecutiva presentó un paquete de 13 medidas legislativas destinadas a crear un sistema tributario más justo y equitativo, mientras reduce las contribuciones. Entre los proyectos destacados se encuentran la Ley de Cuentas ABLE, la extensión del programa del Código de Incentivos, créditos contributivos para alquiler de vivienda y la exención total del impuesto al inventario para medicamentos recetados.

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“En este momento no hemos dialogado sobre una política pública en particular, sin embargo siempre vamos a enmarcarnos en la protección de los menores”, indicó Roig Fuertes a preguntas del senador y presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

El tema de la confusión sobre la identidad o la orientación sexual en los menores y cómo lidiar con eso si un padre pretende que se afirme la la sexualidad biológica de sus menores, ¿Cómo el Departamento de la Familia va a interpretar esa acción de un padre que quiere que se afirme biológicamente en el sexo biológico del menor?, pregunta Schatz.

“La posición de nosotros es una posición de implementar la política pública que imponga la señora gobernadora y esta asamblea legislativa así que siempre estaremos avalando y haciendo cumplir las políticas públicas… dentro del departamento las políticas públicas que hay establecidas y en virtud de la señora gobernadora es que vamos a proteger a todo menor, esa es la misión y la visión de este departamento…” compartió la designada.

“Soy del pensar que un menor no tiene las competencias adecuadas para saber quién es a temprana edad que la madurez es parte de un desarrollo que se da durante el transcurrir del tiempo y que debemos esperar a que las personas sean adultas con la madurez suficiente para ellos entender entonces cuál es sus determinaciones”, añadió Fuertes.

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