El Artículo 98 del Código Penal de Puerto Rico, establece que, como norma general, el aborto es un delito. Por la vía de excepción, el aborto se considera legal cuando concurren tres requisitos: 1) una indicación terapéutica previa, 2) emitida por un médico autorizado a ejercer en Puerto Rico, 3) en consecución de la conservación de la salud o vida de la madre. Este ha sido nuestro estado de derecho antes, durante y después de la revocación de Roe vs. Wade.

La evidencia presentada por la Senadora, basada en la respuesta del Departamento de Salud a la Petición de Información del Senado Núm. 2026-0026, revela un cuadro alarmante: el propio Departamento admitió por escrito que no recopiló ni conserva información sobre la indicación terapéutica en los expedientes auditados y no pudo certificar cuántos procedimientos contaban con dicha indicación. Es decir, el Departamento de Salud no pudo corroborar que las clínicas estén practicando abortos en cumplimiento con la excepción establecida en el art. 98. Lo que Salud sí pudo identificar fueron señalamientos graves en la documentación de los expedientes médicos de 3 de las 4 clínicas en el país.

En Women’s Medical Pavilion, la documentación médica resultó ilegible en la totalidad de los diez expedientes auditados, lo que equivale a un récord clínico vacío. Si no se puede leer el expediente, no se puede corroborar que el aborto se hizo en cumplimiento con la ley.

En Darlington Medical Associates y en la Clínica de Planificación Familiar se hallaron expedientes sin el título ni el número de licencia del profesional que realizó el procedimiento, lo que impide verificar si intervino un médico legalmente autorizado, requisito indispensable de la excepción penal.

“El cumplimiento con los requisitos del Articulo 98 no puede, y nunca ha podido, descansar en presunciones a priori, alegaciones anecdóticas, afirmaciones o correcciones retrospectivas; tiene que constar de forma tangible, trazable y verificable en el expediente médico, precisamente porque se trata del fundamento fáctico y jurídico que excluiría el aborto del ámbito criminal.”,

expresó la senadora Rodríguez Veve.

El referido a Justicia destaca, además, el caso de Darlington Medical Associates, cuya directora médica, Dra. Yarí Vale Moreno, admitió en vista pública ante el Senado que usualmente no pregunta a la mujer mayor de edad la razón por la que solicita un aborto. Los abortos en esta clínica aumentaron de forma dramática a partir del 2022, tras la revocación de Roe vs. Wade. Entre los años 2022 a 2024, el aumento representó un alza de 320.6%. Dicho aumento va aparejado de una campaña publicitaria realizada por la misma clínica para promover a Puerto Rico como un destino de fácil acceso al aborto para mujeres de Florida, Texas y Louisiana.

A la luz de la información obtenida, existe evidencia clara de que en Puerto Rico las clínicas están realizando abortos bajo señalamientos que podrían constituir comisión de delito y que el Departamento de Salud no pudo confirmar ni verificar la concurrencia de los elementos esenciales de la excepción penal del Artículo 98 del Código.

“Ante este escenario, el Departamento de Justicia tiene el deber de actuar. No actuar equivaldría a ignorar la evidencia que pone en duda el cumplimiento con la excepción penal; no puede presumirse lo que debe verificarse. Cuando la documentación oficial producida por el propio Estado no permite hacerlo, el deber del Departamento de Justicia no es esperar: es investigar”,

El referido va dirigido a la secretaria de Justicia Lourdes Lynnette Gómez Torres e incluye como anejos la totalidad de la producción del Departamento de Salud, el material promocional de las clínicas, y la transcripción del testimonio de la Dra. Vale Moreno ante el Senado.

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Rodríguez Veve explicó que “la gota que colmó la copa” para su salida obedece a “un asunto de principio”, al no poder permanecer en un partido que, en su criterio, “ignora el cumplimiento de sus propias normas constitucionales” y que, además, permitió lo que ella considera la dilución de su defensa de la vida humana.

En específico, cuestionó la decisión del partido de no respaldar institucionalmente la transformación en ley del Proyecto del Senado 297, ahora Ley 122‑2025, que establece un protocolo para el manejo de casos de agresión sexual en menores de 15 años o menos.

También mencionó que el partido no ha mantenido la neutralidad en materia de estatus político, un principio que formó parte de su fundación.

La retirada de Rodríguez Veve supone un duro golpe al partido: pierde su principal figura legislativa y su rostro en el Senado. Aunado a ello, la acumulación de salidas plantea dudas sobre la cohesión interna y la capacidad de mantener una estructura partidaria robusta de cara a los comicios futuros.

Otros líderes que se desafiliaron de Proyecto Dignidad:

El éxodo de líderes no se limita a Rodríguez Veve. Algunas de las desafiliaciones documentadas incluyen:

• Ellyam Martínez González – Miembro fundadora y exsecretaria general, presentó su carta de desafiliación el 6 de junio de 2025, con efecto inmediato.
• Eduardo García Rexach – Miembro fundador.
• Juan Carlos Matos – Exmiembro del Consejo de Gobierno.
• Ada Norah Henríquez – Excandidata a la Comisaría Residente, desafiliada el 27 de diciembre de 2023.
• Dora Colón Almodóvar – Excandidata a la alcaldía de Caguas y aspirante a la presidencia del partido, anunció su desafiliación en septiembre de 2025.
• Pastor René Pereira Jr. – Exmiembro bonafide, desafiliado el 28 de marzo de 2025.
• Héctor Luis Zambrana – Excandidato a la alcaldía de Vega Alta.
• Héctor Andrés Santiago – Exlegislador municipal del distrito de Carolina.
• Eilleen Ramos – Excandidata al Senado por el distrito de Carolina.
• Daniel Batista – Excandidato a representante por el distrito de Arecibo.
• Kevin Cruz – Excandidato a representante por el distrito de Arecibo.
• Moisés “Junior” Collazo – Excandidato a la alcaldía de Toa Alta.
• Sheila Dávila – Excandidata a la alcaldía de Cidra.
• Nilka Rodríguez – Excandidata a la alcaldía de Las Piedras.
• Luis Scharón – Excandidato a la alcaldía de Bayamón.
• Lymari Ocasio – Excandidata al senado por el distrito de Bayamón.
• Roberto Ramos – Coordinador de Campo, campaña Javier Jiménez.

Escenario futuro

Las fuentes consultadas señalan que el partido enfrenta tensiones internas, especialmente en torno a los temas de estatus político —estabilidad vs. neutralidad— y la defensa de la vida humana, frente a su base cristiana conservadora.

Aunque la dirección de PD insiste en que “está más vivo que nunca”, los acontecimientos sugieren que la colectividad necesitará una reorganización profunda si quiere evitar un declive total.

Lo que en el 2020 parecía una alternativa emergente en la política puertorriqueña —con base en valores cristianos y morales— hoy afronta un serio momento de incertidumbre. La desafiliación de su senadora y otras figuras claves pueden marcar el inicio de un periodo de redefinición, debilitamiento o desaparición de la colectividad.

Queda por verse si el partido logrará retener su base o si, al contrario, seguirá “desinflándose” hasta convertir en irrelevante su presencia en la próxima contienda electoral.

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Una legislación para priorizar la integridad de los menores

El proyecto de ley responde a una creciente preocupación global sobre la realización de procedimientos químicos y quirúrgicos experimentales en menores de edad, diseñados para modificar la biología de su sexo bajo el pretexto de una transición de género. Estas intervenciones, en su mayoría irreversibles, presentan riesgos significativos que incluyen efectos físicos, emocionales y psicológicos adversos.

Ante esta realidad, 26 estados de Estados Unidos, el gobierno federal, así como los países pioneros en Europa sobre esta materia han decidido restringir o prohibir estos tratamientos, entre estos: Suecia, Finlandia, Noruega e Inglaterra.

Puntos clave de la propuesta legislativa

• Prohibición de procedimientos de alegado cambio de sexo: Ninguna institución médica o profesional de la salud, pública o privada, podrá realizar intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales que alteren la biología sexual de un menor bajo el pretexto de una transición de género.

• Restricción de uso de fondos públicos: Las instituciones, sean públicas o privadas, que reciban financiamiento público no podrán destinar recursos para financiar, promover ni avalar este tipo de prácticas.

• Sanciones claras y efectivas: Las violaciones a esta ley estarán sujetas a estrictas sanciones, que incluyen reclusiónpor un término fijo de quince (15) años, revocación de licencias profesionales y multa de 50,000 mil dólares.

Garantizar derechos y promover el bienestar

Los menores de edad, al no haber alcanzado la madurez emocional y cognitiva completa, son particularmente vulnerables a tomar decisiones que podrían impactar su salud y futuro de manera negativa con posibles consecuencias irreversibles. En este sentido, la ley busca proteger su derecho a crecer y desarrollarse en un ambiente que respete su bienestar integral, ante influencias sociales, médicas o culturales que puedan poner en riesgo su salud física y emocional.

La esencia de esta ley es garantizar que nuestros niños y adolescentes puedan alcanzar su máximo potencial en un entorno seguro, basado en principios de respeto, dignidad y protección.

Proyecto de ley PS350

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La petición va dirigida al Departamento de Estado, Justicia, Educación, Salud, Seguridad Pública, Rehabilitación Correccional, Procuradora de las Mujeres, Vivienda, Desarrollo Económico, Trabajo y Recursos Humanos, a la luz de los mandatos establecidos en la Orden Ejecutiva emitida el 20 de enero de 2025, por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, titulada “Ending Radical and Wasteful Government DEI Programs and Preferencing”. En dicha orden ejecutiva se expone que, durante la pasada administración, múltiples programas de DEI a nivel federal promovieron programas discriminatorios e implicaron un despilfarro de recursos públicos. Razón por la cual se ordena la eliminación de todo programa gubernamental federal, así como también de toda iniciativa estatal o territorial que reciba fondos federales, que promueva dichas ideas. Es imperativo, por lo tanto, conocer cuántos programas e iniciativas de DEI existen en el gobierno de Puerto Rico y si se están utilizando fondos locales o federales para su implementación.

La solicitud presentada por la senadora le requiere a los Departamentos antes mencionados que provean información detallada sobre el uso de fondos públicos relacionados con iniciativas, programas y actividades de DEI llevadas a cabo entre 2014 y 2024. Esto incluye un desglose específico de los programas financiados, las cuantías asignadas, las organizaciones involucradas y cualquier medida adoptada para seguir los lineamentos de la orden ejecutiva emitida por la actual administración federal.

“Es esencial que garanticemos que los fondos públicos se utilicen de manera responsable, en respuesta a las necesidades de nuestra ciudadanía. Esta solicitud busca evaluar cómo se han manejado estos recursos y asegurar que las prioridades de nuestro gobierno estén alineadas con los principios de justicia, igualdad y eficiencia que la ciudadanía exige”, expresó la senadora Rodríguez Veve.

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