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Durante una entrevista en el programa Pelota Dura, Vallines expresó que “le pide a Dios” que haya primaria y sostuvo estar “convencida” de que ocurrirá, argumentando que la mandataria “no tiene la capacidad de reconocer que tiene cero posibilidades de prevalecer ni en la junta de la urbanización donde tiene la casa”.

La también exfuncionaria fue más allá al atribuir el escenario político a lo que describió como “soberbia y enajenación”, asegurando que esto desembocará inevitablemente en una contienda interna en la colectividad.

Cuestiona estilo de gobernanza

Al ser cuestionada sobre la situación actual del gobierno, Vallines indicó que no le sorprende el rumbo de la administración, ya que —según dijo— el tono se estableció desde que González anunció su candidatura.

Alegó que las expresiones de la entonces aspirante a la gobernación “laceraron profundamente” a funcionarios de la pasada administración, a quienes defendió como un equipo comprometido con el país. “Fue más allá de un anuncio de candidatura; fue un ataque a una gestión de gobierno”, sostuvo.

Señalamientos sobre influencia en La Fortaleza

Vallines también planteó dudas sobre quién realmente ejerce el control en el Ejecutivo. Aunque reconoció que la responsabilidad recae en la gobernadora, afirmó tener conocimiento de situaciones en las que instrucciones directas no se ejecutan.

En ese contexto, señaló al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Francisco Doménech, como una figura determinante en la toma de decisiones. “El jefe de la gobernadora se llama Francisco Doménech”, afirmó, sugiriendo que existe una dinámica de poder que mantiene “secuestrado” el gobierno.

Insinúa acuerdos no revelados

La exdirectora también insinuó la posible existencia de acuerdos internos que no han salido a la luz pública. “No tengo evidencia, pero tampoco tengo duda”, dijo, al describir como “no normal” la relación y la “incondicionalidad” observada dentro del círculo de poder.

Visualiza posible contienda

En cuanto a una eventual primaria, Vallines indicó que esperaría que fuera entre la gobernadora y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Finalmente, criticó el proceso de transición gubernamental y alegó que desde sus inicios se presentó un panorama distorsionado de la realidad administrativa. “Cuando uno no tiene mérito propio, depende de echarle lodo al que sí lo tiene”, concluyó, al asegurar que ese ha sido el “modus operandi” de la actual administración.

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La medida, presentada el 12 de enero de 2026 y referida a la Comisión de lo Jurídico, propone enmendar el Artículo 92 de la Ley 146-2012, conocida como el Código Penal de Puerto Rico. En específico, el proyecto dispone que, para los delitos de asesinato contemplados en los incisos (g) y (h) del Artículo 93, se reconozca como ser humano al concebido en cualquier etapa de gestación.

Según la Exposición de Motivos, la iniciativa legislativa busca mantener coherencia entre el ordenamiento civil y penal del País. El documento cita como antecedente la Ley 166-2025, conocida como la Ley Keyshla Madlane, que tipifica como asesinato en primer grado la muerte intencional de una mujer embarazada cuando, además, resulta en la muerte del concebido. Asimismo, hace referencia a la Ley 183-2025, que enmendó el Código Civil para reconocer al concebido como ser humano y persona natural desde cualquier etapa de gestación.

“En ánimos de mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales, es necesario hacer constar y definir en el Código Penal vigente que el asesinato contra un ser humano incluye al concebido”,

establece el proyecto.

De ser aprobado, el Artículo 92 del Código Penal quedaría enmendado para definir el asesinato como dar muerte a un ser humano de forma intencional, con conocimiento o de manera temeraria, incluyendo expresamente al concebido dentro del útero materno en cualquier etapa de gestación.

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En defensa de su voto en contra, la senadora del PNP, Roxanna I. Soto Aguilú, se comprometió a que su colectividad presentará propuestas concretas para atender la crisis del retiro policiaco en un plazo de diez días.

“Yo puedo garantizarle a todo el pueblo de Puerto Rico que en menos de diez días verán todas las propuestas del Partido Nuevo Progresista”, expresó Soto Aguilú durante la sesión legislativa.

El “barrilito”, estimado en $30 millones anuales, proviene de una asignación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y está disponible para que los legisladores de distrito destinen fondos a organizaciones sin fines de lucro y gobiernos municipales.

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