El Proyecto del Senado 1222, radicado el 5 de mayo de 2026 por la senadora Nitza Moran Trinidad por petición, busca enmendar dos artículos de la Ley 255-2002 para reemplazar la expresión por conceptos como “persona prudente y diligente” o “persona responsable”.

Según la exposición de motivos, la medida responde a preocupaciones sobre el uso de lenguaje considerado sexista en la legislación puertorriqueña y persigue promover una redacción más acorde con los principios de igualdad e inclusión.

“La expresión ‘buen padre de familia’ ha sido objeto de crítica por su sesgo sexista y por perpetuar estereotipos de género”, establece el documento legislativo.

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Los proponentes argumentan que el término “padre” invisibiliza a las mujeres y otras figuras de cuidado, además de no reflejar la diversidad de estructuras familiares existentes en la sociedad actual, incluyendo madres solteras, abuelos cuidadores y otros modelos familiares.

Asimismo, sostienen que la legislación debe utilizar un lenguaje que reconozca la capacidad de cualquier persona de actuar con responsabilidad y diligencia, independientemente de su género.

No cambia las responsabilidades legales

La medida no altera las obligaciones fiduciarias ni los deberes que actualmente tienen los miembros de las juntas directivas y cuerpos gerenciales de las cooperativas.

Los directivos continuarían obligados a actuar con prudencia, lealtad y responsabilidad en la administración de los bienes y operaciones de las instituciones. El cambio propuesto se limita a la terminología utilizada para describir ese estándar de conducta.

De aprobarse, los artículos enmendados establecerían que los directivos deberán actuar como lo haría “una persona prudente y diligente o persona responsable”, en lugar de la referencia tradicional al “buen padre de familia”.

Debate sobre lenguaje y tradición jurídica

La frase “buen padre de familia” ha sido utilizada históricamente en diversos sistemas jurídicos de tradición civilista para describir el nivel de cuidado y diligencia esperado de una persona responsable al administrar bienes o tomar decisiones.

Sin embargo, durante los últimos años distintas jurisdicciones han optado por reemplazar esa terminología por expresiones neutrales que eviten referencias de género.

La medida fue evaluada y aprobada por la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, y posteriormente recibió el aval del Senado de Puerto Rico. Ahora pasará a la Cámara de Representantes, donde deberá ser considerada y aprobada antes de continuar el proceso legislativo.

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