Ideología de género se institucionaliza en el Poder Judicial bajo la presidencia de Maite Oronoz

Durante la presidencia de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, las políticas de la ideología de género han alcanzado múltiples niveles del Poder Judicial de Puerto Rico: desde la capacitación de jueces y empleados hasta la administración de los tribunales, las políticas dirigidas a las comunidades LGBTTIQ+ y el propio ejercicio de interpretar el derecho.

Los documentos oficiales demuestran que este enfoque no se limita a garantizar que toda persona sea tratada con dignidad y sin discrimen. La política institucional pretende incorporar lo que oficialmente denomina “perspectiva de género” de forma transversal en el funcionamiento de la Judicatura.

Para quienes sostienen una concepción cristiana y tradicional del ser humano como varón y mujer, esto plantea una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en la institucionalización de estas ideas sin entrar en conflicto con la libertad religiosa, de conciencia y expresión?

No comenzó con Oronoz, pero se fortaleció bajo su presidencia

La incorporación de políticas de género en la Rama Judicial antecede a Oronoz.

En la década de 1990 comenzaron esfuerzos institucionales relacionados con el discrimen por razón de género y, el 26 de enero de 2016, la entonces jueza presidenta Liana Fiol Matta creó formalmente el Programa de Igualdad y Equidad de Género.

Oronoz, quien ya había sido nombrada jueza asociada del Tribunal Supremo en 2014 por el entonces gobernador Alejandro García Padilla, fue nominada por el propio García Padilla para ocupar la presidencia del máximo foro judicial en febrero de 2016. Su nombramiento fue posteriormente confirmado por el Senado de Puerto Rico.

Durante sus años al frente del Tribunal Supremo estas políticas se han desarrollado y consolidado como parte de la estructura y planificación institucional del Poder Judicial.

La ideología llega a “todas” las dependencias

El alcance establecido oficialmente resulta particularmente significativo.

El Poder Judicial declara que el Programa de Igualdad y Equidad de Género procura que “todas las oficinas, programas y dependencias” incorporen la denominada perspectiva de género en sus planes de trabajo y funciones.

Es decir, ya no estamos únicamente ante políticas dirigidas a impedir discrimen contra una persona que llega a un tribunal.

La estructura institucional busca transversalizar este enfoque dentro del propio sistema judicial.

Hasta la interpretación del derecho

Uno de los aspectos que merece mayor escrutinio es su entrada al ejercicio propiamente judicial.

El Mapa de Género y Equidad del Poder Judicial establece como objetivo oficial:

“Promover la incorporación de la perspectiva de género en la interpretación del derecho y en los principios éticos que rigen el quehacer judicial”.

La cita resulta importante porque demuestra que la política no queda restringida a asuntos administrativos o de recursos humanos: alcanza expresamente la interpretación del derecho.

Desde una óptica conservadora, esto merece especial fiscalización. Los tribunales tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar la Constitución y las leyes, y resulta legítimo cuestionar qué efecto puede tener incorporar un marco ideológico adicional al proceso de interpretación judicial.

Capacitación para jueces y empleados

La implantación también alcanza la educación de quienes forman parte del sistema.

El Programa de Igualdad y Equidad de Género trabaja junto a la Academia Judicial Puertorriqueña y otras dependencias para ofrecer capacitación a jueces, funcionarios y personal administrativo.

Documentos presupuestarios del Poder Judicial describen incluso un “Currículo con perspectiva de género para el funcionariado y personal de apoyo del Poder Judicial”, compuesto por 13 talleres, diez de ellos dirigidos a todo el funcionariado.

Ver: Programa de Igualdad y Equidad de Género

También se han desarrollado actividades educativas relacionadas con transversalidad de género, sesgos, comunidades LGBTTIQ+ y metodologías para incorporar este enfoque al trabajo judicial.

La pregunta que surge es evidente: ¿qué espacio queda para el funcionario, juez o empleado que, por convicción cristiana o de conciencia, rechaza aspectos de esta visión sobre sexo e identidad de género?

Las comunidades LGBTTIQ+ ocupan un espacio específico

Uno de los cinco imperativos establecidos en el Mapa está dedicado específicamente a las comunidades LGBTTIQ+.

El Poder Judicial busca identificar y eliminar prácticas consideradas discriminatorias por razones que incluyen orientación sexual e identidad de género, además de promover políticas específicas relacionadas con estas poblaciones.

Durante la administración de Oronoz también se han desarrollado procedimientos relacionados con solicitudes judiciales para modificar el identificador de género en certificados de nacimiento.

Todo ser humano merece dignidad y respeto, independientemente de sus decisiones personales o identidad. Sin embargo, reconocer esa dignidad no obliga necesariamente a aceptar sin cuestionamientos todas las premisas ideológicas relacionadas con sexo y género.

Ahí precisamente se encuentra el debate.

Una política que trasciende el trato igualitario

La propia trayectoria oficial de Oronoz refleja la importancia que ha otorgado al tema. La jueza presidenta encabeza el Comité de Igualdad y Género del Poder Judicial y entre 2023 y 2025 presidió la Comisión de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, organismo que impulsa la transversalización del enfoque de género en los poderes judiciales.

Por eso, el debate ya no debe reducirse a si una persona LGBTTIQ+ merece respeto y acceso a los tribunales. Por supuesto que lo merece.

La discusión de fondo es diferente: ¿debe la Judicatura institucionalizar una determinada concepción sobre género hasta incorporarla transversalmente en sus dependencias, capacitación y en la interpretación misma del derecho?

Esa expansión merece un escrutinio público riguroso, especialmente cuando puede entrar en contacto con convicciones profundamente arraigadas sobre la naturaleza humana, la familia, el sexo biológico y la fe.

La administración de justicia debe garantizar derechos a todos —incluidas las personas LGBTTIQ+— pero también debe preservar el espacio constitucional para quienes, desde su fe y conciencia, no comparten determinadas concepciones ideológicas sobre sexo e identidad de género.

Ese equilibrio, y no la imposición de una visión única, debe ser parte central de la discusión pública.