Presentan proyecto para permitir muerte asistida en Puerto Rico

La senadora Roxanna Soto Aguilú presentó este jueves el Proyecto del Senado 1273, una medida que propone crear la “Ley de Dignidad y Autonomía al Final de la Vida”, con el propósito de permitir, bajo estrictas regulaciones, que pacientes terminales puedan solicitar ayuda médica para morir mediante la autoadministración de medicamentos prescritos.

La propuesta legislativa establece que únicamente podrán acogerse adultos residentes de Puerto Rico, con capacidad decisional y diagnosticados con una enfermedad terminal, incurable e irreversible, con una expectativa de vida de seis meses o menos certificada por médicos.

Ver medida: Proyecto del Senado 1273

Según la exposición de motivos, la medida busca reconocer la autonomía personal y la dignidad humana en la etapa final de la vida, mientras establece múltiples salvaguardas para evitar coerción, abuso o decisiones precipitadas. El proyecto aclara que no autoriza la eutanasia activa ni permite que terceros administren directamente medicamentos para causar la muerte.

El procedimiento requeriría dos solicitudes verbales separadas por un periodo mínimo de quince días y una solicitud escrita firmada ante testigos. Además, un médico tratante y un médico consultor tendrían que confirmar el diagnóstico, la prognosis y la capacidad mental del paciente.

La legislación también contempla evaluaciones de salud mental cuando existan dudas sobre depresión severa, coerción o capacidad decisional del paciente. Asimismo, garantiza el derecho de médicos, farmacéuticos e instituciones de salud a acogerse a objeción de conciencia y negarse a participar en el procedimiento.

Otro de los puntos incluidos en la medida establece que las aseguradoras y planes médicos no podrán negar tratamientos ni presionar a pacientes para acogerse al procedimiento. Además, la solicitud o utilización de la ley no sería considerada suicidio para fines civiles, contractuales o de seguros.

El proyecto también propone una enmienda al Artículo 97 del Código Penal de Puerto Rico para excluir de responsabilidad penal a profesionales de la salud que actúen de buena fe y conforme a la ley.

De aprobarse, el Departamento de Salud tendría 180 días para adoptar la reglamentación necesaria antes de que pueda implementarse el procedimiento.